Un informe de la Comisión Colombiana de Juristas, la Universidad Nacional y varias organizaciones sociales ilustra cómo el asesinato de líderes sociales en Colombia es el resultado de “una violencia metódica y no aleatoria”, desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016.
Con respecto a los crímenes que configuran violaciones al derecho a la vida e integridad contra defensoras y defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales, los hallazgos de este informe definen patrones concretos en lo referente a las violaciones a los derechos a la vida e integridad en cuanto a: su localización dentro de un determinado ámbito geográfico, las personas contra las que se perpetran las violaciones, el modo en el que estas violaciones se llevan a cabo, su frecuencia y sus posibles perpetradores.
Para elaborar la construcción de patrones se tomará como base el concepto de “Moda estadística”, entendida como el factor o condición que más se repite en una muestra o estudio.
Naturaleza de los crímenes: Este fenómeno de violencia evidencia una naturaleza repetitiva, invariable y continua; es una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria. Es un ejercicio de violencia no accidental ni fortuito ejercido de manera ilegal contra una población civil concreta. Las víctimas presentan unas características comunes determinadas por sus cualidades y sus luchas.
Se tomará como base el concepto de “Moda estadística”, entendida como el factor o condición que más se repite en una muestra o estudio. Naturaleza de los crímenes: Este fenómeno de violencia evidencia una naturaleza repetitiva, invariable y continua; es una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria. Es un ejercicio de violencia no accidental ni fortuito ejercido de manera ilegal contra una población civil concreta. Las víctimas presentan unas características comunes determinadas por sus cualidades y sus luchas.
Características de las víctimas: El perfil de los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados se elabora por su condición más activa o evidente, que puede estar vinculada con los móviles de su asesinato. Las víctimas, en su mayoría, son personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica ubicadas en una posición de desventaja en las relaciones asimétricas de poder
regionales, pertenecientes a grupos étnicos históricamente discriminados, de extracción campesina y algunas de ellas eran o son (los sobrevivientes) víctimas del desplazamiento forzado o de otras acciones propias del conflicto armado. Las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas, en su mayoría son dignatarios y dignatarias de JAC, líderes(as) Indígenas, líderes(as) de organizaciones campesinas, de Consejos Comunitarios, de procesos de restitución de tierras, de organizaciones de víctimas, líderes(as) Ambientales y líderes(as) de población LGBTI.
En 2017 y 2018 se evidencia un incremento en violaciones al derecho a la vida y la integridad de líderes(as) de procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, directivos sindicales y de miembros de los partidos políticos FARC y Colombia Humana. Algunas de las víctimas no hacían parte de una organización y otras sí. La frecuencia de violaciones al derecho a la vida contra miembros de las organizaciones mencionadas en el informe apunta a demostrar que existen patrones de violencia contra estas organizaciones. El que miembros de estas organizaciones hayan sido víctimas de agresiones de manera reiterada también puede indicar la posible existencia de niveles de planeación de estos crímenes.
Luchas de las víctimas: En general, las víctimas de violaciones al derecho a la vida llevaban a cabo ejercicios de poder contra-hegemónico en el ámbito local 218 que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de grupos económicos, empresas o personas que son consideradas por el Estado y la sociedad como inscritos en la legalidad. Las víctimas eran un obstáculo para determinados actores que detentan el poder económico, político o armado en las regiones afectadas. Las acciones y luchas más evidenciadas de las víctimas registradas se centran en: defensa de los derechos a la tierra y el territorio, veeduría y denuncia de crímenes de actores hegemónicos, denuncias de despojo de tierras, de actos de corrupción de funcionarios estatales, de presencia de actores armados, de reclutamiento forzado y de microtráfico. Otras víctimas hacían oposición a megaproyectos económicos, de explotación o de industrias extractivas que afectan negativamente a la comunidad (de petroleras, minería legal e ilegal, construcción de represas), hacían defensa de derechos sexuales y reproductivos o trabajaban en proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito y otros referentes a la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC.