Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) y opositor al proyecto de construir una hidroeléctrica en el río Apulco, en los municipios de Cuetzalan y Ayotoxco, fue asesinado el 4 de junio 2014.
De acuerdo con integrantes del MIOCUP, alrededor de las 9 horas, Antonio Esteban, llamado entre sus compañeros Tonchi, se dirigía hacia un terreno en el que trabajaba, conocido como Paso María Cristina. En el trayecto desde su casa hacia este predio, fue cazado por unas personas no identificadas, quienes lo alcanzaron en un camino poco transitado, disparándole cuatro tiros y dejándolo sin vida en el lugar.
“Es el precio que tenemos que pagar por informar a la gente,” comentó Alfredo, otro miembro del MIOCUP en la región de Cuetzalan, debido al hecho que la organización ha llevado a cabo movilizaciones contra los llamados “proyectos de muerte”. El 26 de enero 2014, los integrantes de este movimiento participaron en la caravana que salió desde Cuetzalan rumbo a la Ciudad de México, la cual tenía como finalidad exigir la cancelación de tres proyectos hidroeléctricos, impulsados por la Comisión Federal de Electricidad, que se tienen previstos para el río Apulco y otros afluentes de la región. La movilización permitió la creación del Frente Indígena y Campesino de México (Ficam), el cual gestionó reuniones en las oficinas centrales de dependencias federales como la Secretaría de Gobernación, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para dialogar sobre estos proyectos. Después de esto, Antonio Esteban comenzó a recibir llamadas anónimas intimidatorias, en las cuales se le exigía que desistiera de la lucha, según reportó el MIOCUP en un comunicado de prensa difundido luego del asesinato del líder indígena.
Posterior a su asesinato fueron detenidas 4 personas, los cuales se les presentó como los autores materiales e intelectuales utilizando supuestas declaraciones de los hijos del compañero Antonio, esto bajo la amenaza de que si no metían a esta gente a la cárcel muy seguramente también ellos (la familia de Antonio) serían asesinados. Además, durante la investigación no se utilizaron traductores de lengua Náhuatl por lo que obligaron a firmar documentos sin la intervención de un traductor a los hijos del líder campesino asesinado. El 19 de julio 2015 las 4 personas fueron absueltos porque los hijos del activista no ratificaron lo que supuestamente habían dicho en las primeras entrevistas realizadas bajo presión.
Activistas han denunciado que no se ha investigado a fondo el homicidio del líder campesino y su muerte ha quedado impune.