Fuente: Gobierno de España,
Asdrúbal Cayapu fue uno de los 5 miembros del pueblo indígena nasa asesinados el 29 de octubre de 2019.
El Gobierno de España condena firmemente el atentado perpetrado por disidencias de las FARC en Tacueyó (Cauca), que costó la vida a autoridades, comuneros e integrantes de la guardia indígena Nasa, entre ellos la gobernadora Neehwe’sx Cristina Bautista y los guardias indígenas José Gerardo Soto, James Wilfredo Soto, Eliodoro Uniscue y Asdrúbal Cayapu.
Fuente: Peoples Dispatch
Presuntamente, miembros del grupo disidente Dagoberto Ramos, tendieron una emboscada al autobús en el que viajaban los guardias indígenas y abrieron fuego indiscriminadamente contra ellos. La asociación informó que el ataque continuó durante más de 10 minutos y que los atacantes dispararon incluso contra las ambulancias que transportaban a los heridos al hospital. La asociación hizo un llamado a «organizaciones de derechos humanos, organizaciones internacionales y al Gobierno nacional para que acompañen y apoyen al pueblo nasa».
Fuente: Peoples Dispatch
Los pueblos indígenas de Antioquia y Colombia exigen reiteradamente que se garantice de forma urgente la protección de la vida, la cultura y los territorios indígenas. Eventos como este son una advertencia más que nos llama a unir a la gente y la resistencia indígena, como única forma para garantizar el cumplimiento y la defensa de los derechos fundamentales y la vida.
Acciones como esta se han intensificado desde la firma del Acuerdo Final de Paz. De hecho, solo en 2018 en el norte del Cauca, siete pueblos indígenas fueron asesinados por grupos armados fuera de la ley y hasta ahora, en la administración del presidente Iván Duque, se han registrado 123 homicidios, muertes que no solo afectan a sus familias y a sus comunidades, sino a todo el país.
Los pueblos indígenas de Antioquia y Colombia hacen un llamado a la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público, el Congreso de la República y, en general, a las organizaciones que defienden los derechos humanos, para que ayuden, acompañen y detengan el derramamiento de sangre que los pueblos indígenas están sufriendo hoy.
