Fuente The Guardian
Los madereros ilegales han sido acusados del asesinato de cuatro nativos asheninka, incluido un destacado activista contra la tala ilegal, Edwin Chota, cerca de la frontera peruana con Brasil.
Las autoridades en Perú han confirmado que Chota, el líder de Alto Tamaya-Saweto, una comunidad en la región de Amazon Ucayali en Perú, luchó por el derecho de su pueblo a obtener títulos de sus tierras y expulsar a los madereros ilegales que atacaron sus bosques en la frontera con Brasil. Apareció en informes de National Geographic y el New York Times que detallaron cómo se hicieron amenazas de muerte contra él y los miembros de su comunidad.
“Este es un resultado terriblemente triste. Y la parte más triste es que fue un evento previsto ”, dijo Julia Urrunaga, directora de Perú de la Agencia de Investigación Ambiental, un grupo internacional de conservación.
«Era ampliamente conocido que Edwin Chota y otros líderes de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto estaban pidiendo protección a las autoridades peruanas porque recibían golosinas de los madereros ilegales que operaban en su área».
El líder local Reyder Sebastian Quinticuari, presidente de Aconamac, una asociación de comunidades Ashaninka, dijo a los medios locales que Edwin Chota y sus compañeros fueron asesinados el 1 de septiembre, pero la noticia se retrasó debido a la lejanía de la ubicación.
Las circunstancias de las muertes no están claras, pero un líder indígena local, Robert Guimaraes Vásquez, dijo a un periódico que los madereros ilegales ataron y dispararon a Chota y a sus compañeros en el campo deportivo de su aldea frente a los habitantes. Dijo que los madereros ilegales se vengan después de haber sido denunciados a las autoridades.
Associated Press dijo que los otros hombres asesinados fueron identificados por un oficial de policía en Pucallpa, la capital regional, como Jorge Ríos, quien era el diputado de Chota, Leoncio Quincicima y Francisco Pinedo.
«La viuda de Edwin Chota y otros aldeanos viajaron durante seis días por el río para venir a denunciar este crimen», dijo a The Guardian la viceministra de asuntos interculturales de Perú, Patricia Balbuena. Ella había viajado a la capital regional, Pucallpa, para seguir investigando el caso.
«No hay puestos militares o policiales en estas regiones fronterizas peligrosas y eso debe cambiar», agregó, indicando que la policía viajaría a la escena del crimen como parte de la investigación.
Henderson Rengifo, líder de la federación indígena más grande de Perú, Aidesep, pidió al estado peruano que proteja más a los indígenas de las mafias criminales.
«Hay tanta corrupción en los gobiernos regionales que estas mafias de tala pueden matar a nuestros hermanos con impunidad», dijo a The Guardian.
«Debemos asegurarnos de que se haga justicia y que este crimen no quede impune».
Un informe del Banco Mundial de 2012 estimó que hasta el 80% de las exportaciones madereras de Perú se cosechan ilegalmente [PDF] y las investigaciones han revelado que la madera generalmente se lava con papeles manipulados para que parezca legal y enviarla fuera del país; mientras que un informe de 2012 de la Agencia de Investigación Ambiental indicó que al menos el 40% de las exportaciones oficiales de cedro a los EE. UU. incluían madera talada ilegalmente.
Una operación reciente realizada por la aduana peruana examinó otras especies de madera y, en tres meses, detuvo la exportación de un volumen de madera talada ilegalmente equivalente a más de seis piscinas olímpica
