El 31 de enero de 2017, hombres armados interceptaron un vehículo en el que se encontraban Juan Ontiveros Ramos y su hermano. Ellos fueron brutalmente golpeados y luego, Juan Ontiveros fue secuestrado por los atacantes, dejando a su hermano en la escena del ataque. El 1 de febrero, el cuerpo de Juan fue encontrado en Guadalupe y Calvo.
Previamente, el 20 de enero, el defensor de derechos humanos había atendido una reunión con miembros de las ONG Alianza Sierra Madre y Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, así como autoridades gubernamentales inlcuyendo representantes de la oficina del Fiscal General y de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. El propósito de la reunión era discutir la situación de seguridad en la comunidad y las amenazas en contra de ellos por su propiedad de las tierras ancestrales.
El 2 de febrero, la Oficina del Fiscal General de Chihuahua declaró que habían identificado con certeza al asesino y a su cómplice, estableciendo que el motivo del asesinato fue personal.
Es preocupante para Front Line Defenders, que el Fiscal General pudiera llegar a esas declaraciones solamente un día después del asesinato, lo que indica la ausencia de una investigación exhaustiva, imparcial y transparente. Más aun, la familia del defensor no fue informada acerca de los resultados de la investigación previo a las declaraciones públicas realizadas por la oficina del Fiscal General, lo cual es contrario al debido proceso.
En su segundo reporte acerca de la Situación de los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos estableció buenas prácticas para la investigación de crímenes en contra de defensores de derechos humanos. Dichas prácticas indican que las autoridades deben tomar en cuenta las represalias en contra de los defensores de derechos humanos por su labor, como una línea de investigación y además, ofrecer protección a las familias de los defensores.
El asesinato del defensor de derechos humanos Juan Ontiveros Ramos sucede dos semanas después del asesinato del ganador del Premio Goldman de 2015, Isido Baldenegro, un defensor de derechos indígenas y ambientales de las comunidades rarámuri, que también trabajaba en el combate de la explotación forestal en la Sierra Trahumara.
