Manuel Gaspar Rodríguez, defensor indígena de los derechos medioambientales, era miembro del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, y formaba parte de una coalición de movimientos sociales que se opone a proyectos energéticos, concesiones mineras y la construcción de una conducción eléctrica de alto voltaje en la región montañosa del norte del estado de Puebla. Unos colegas de otra coalición de la que formaba parte Manuel Rodríguez, el Movimiento Independiente, Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), informaron de que lo habían visto por última vez el 13 de mayo. Manuel fue hallado muerto el 14 de mayo en Cuetzalan, estado de Puebla. Era uno de los defensores y defensoras que se enfrentan a una investigación penal por su oposición a la construcción de una conducción eléctrica de alto voltaje. Estos defensores y defensoras corren grave peligro, y recientemente han sufrido ataques e intimidación.
Manuel Rodríguez murió durante la madrugada del 14 de mayo, y la autopsia establece como causa del fallecimiento una hemorragia masiva provocada por tres profundas heridas de arma blanca. Además, Manuel Rodríguez tenía heridas causadas por un objeto punzante y caliente en el hombro izquierdo, así como señales en la cara, que sugerían otras formas posibles de violencia. Sigue sin saberse quiénes fueron los autores. La Fiscalía General del estado de Puebla ha abierto una investigación sobre su muerte, pero ha impedido irregularmente a sus abogados el acceso al expediente, y aún no está claro si las líneas de investigación incluyen el trabajo del fallecido como defensor de los derechos humanos.
La Procuraduría General de la República (PGR) había abierto recientemente una investigación penal contra Manuel Gaspar Rodríguez y otros siete activistas y defensores y defensoras de MIOCUP y de la Unión de Cooperativas Tosepan por su participación en una sentada pacífica cerca del lugar propuesto para la conducción eléctrica a las afueras de Cuetzalan a finales de 2016 y en 2017. La Comisión Federal de Electricidad, responsable de la conducción eléctrica, presentó una denuncia penal contra los defensores y defensoras en enero de 2017. Los acusaba de obstaculizar una obra pública, acto punible con hasta un año de prisión.
Redacción de Amnistía Internacional