Daniel Choc Pop era un defensor de derechos humanos, líder indígena Q’eqchi y dirigente campesino de la comunidad de San Juan Tres Ríos, Cobán, sitio que representaba ante la Asamblea General del Comité Campesino del Altiplano (CCDA). El CCDA es una organización nacional comprometida con la defensa de las fuentes de agua locales utilizadas por las comunidades indígenas y que respalda la implementación de la Ley de desarrollo rural integral.
Daniel tenía una larga trayectoria como líder de la comunidad y trabajó para resolver los conflictos territoriales. Daniel había representado a su comunidad en reuniones con instituciones del Estado responsables de resolver los conflictos territoriales desde 2012, cuando su comunidad comenzó a pedir el título legal de la tierra en la que viven. Como representante regional del CCDA, Daniel no solo representó a su comunidad de San Juan Los Tres Ríos, sino también a otras comunidades en las regiones de Alta Verapaz, Baja Verapaz e Izabal, que corren el riesgo de desalojos forzosos, amenazas de muerte, intimidaciones y criminalización. Su objetivo era abordar cuestiones sociales y lograr certeza jurídica de las tierras de esta región para varias familias campesinas e indígenas como resultado de los conflictos de tierras que prevalecen en el país.
Daniel había recibido formación política del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en litigios estratégicos para casos emblemáticos. También había participado en la Marcha Indígena, Campesina y Popular de 2012 y en la Marcha del Agua en abril de 2016. En 2015, Daniel fue uno de los principales organizadores de la «Comunidad Q’eqchi», cuando más de 400 familias Q’eqchi se establecieron fuera de la Casa Presidencial en la zona 1 como una forma de resistencia pacífica con la esperanza de resolver la crisis de tierras a la que se enfrentan.
En la tarde del 8 de junio de 2016, Daniel fue asesinado por desconocidos que le dispararon varias veces. Anteriormente, el 30 de marzo de 2016, un grupo de hombres que portaban armas de fuego y machetes se presentó en San Juan Tres Ríos, donde anunciaron que el dueño de Rancho Alegre, el Sr. Germán Sierra Sorio, les había autorizado a desplazar por la fuerza a la comunidad instalada en las tierras en disputa. Los líderes de la comunidad fueron amenazados con ser secuestrados y asesinados. Al retirarse, los hombres armados amenazaron con regresar a matar a los residentes. El día siguiente, varios pobladores de San Juan Tres Ríos presentaron una queja ante la Oficina del Ombudsman de derechos humanos en Alta Verapaz, y solicitaron que se investiguen las amenazas.