Julián Carrillo Martínez era uno de los principales líderes de la comunidad rarámuri de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Realizaba una valiosa labor de defensa del bosque ante la tala indiscriminada de árboles en la región. Entre otras actividades, Julián impulsaba, con otros miembros de su comunidad, la nulidad del permiso de aprovechamiento de recursos forestales otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a actores locales. Además de encabezar la defensa del territorio de su comunidad indígena, Julián era miembro de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), organización ampliamente reconocida por su defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Debido a la defensa de los derechos humanos que Julián y otros defensores comunitarios de Coloradas de la Virgen realizaban, el propio Julián ya había sido víctima de reiteradas agresiones, incluidos los homicidios de sus familiares: Francisco Chaparro Carrillo, yerno, en julio de 2018; Alberto Quiñones Carrillo, sobrino, en septiembre de 2017; Guadalupe Carrillo Polanco, sobrino, en Julio de 2016; y Víctor Carrillo Carrillo, hijo, en febrero de 2016. Derivado de las amenazas recibidas y del riesgo que enfrentaba, Julián se había desplazado de la comunidad en diferentes momentos y era actualmente beneficiario de medidas de protección del mecanismo federal para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
De acuerdo con la información recibida, la noche del 24 de octubre, Julián fue atacado en Coloradas de la Virgen por hombres armados y falleció por los impactos de municiones de alto calibre. Un día antes, la víctima conoció que sus agresores lo estaban vigilando por lo que buscó refugio en un cerro cercano. La CNDH solicitó al gobierno y a la Fiscalía de Chihuahua implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de los familiares de la víctima, y agotar la línea de investigación relacionada con la labor que él llevaba a cabo.
Cabe destacar que precisamente un día antes del ataque contra Julián, el Tribunal Superior Agrario adoptó una sentencia que reconoce los derechos territoriales a la comunidad de Choreachi – igualmente del municipio de Guadalupe y Calvo – y que sienta un importante precedente que se espera pueda beneficiar también a las demás comunidades indígenas que se enfrentan a la invasión de sus territorios y deterioro del medio ambiente.
El Representante de la ONU-DH Jan Jarab declaró que “este caso debe ser una prioridad absoluta para el recién nombrado Fiscal Especializado en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, ya que la justicia es innegablemente la principal medida de prevención. Urge sentar un precedente positivo que mande una señal definitiva de que los homicidios de defensores de derechos humanos se investigan y se sancionan ejemplarmente”.
Redacción de ONU Noticias México
Imagen de Julian con un listado de sus familiares asesinados
