Al respecto, Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, señaló que “México necesita urgentemente revertir la tendencia en aumento del riesgo que enfrentan quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Sus actividades deben ser protegidas e incentivadas por el Gobierno mexicano en su conjunto pues se trata de actores fundamentales para un Estado democrático y de derecho. Estos hechos muestran que la violencia contra quienes defienden derechos humanos o informan tiene profundas raíces y es necesario impulsar cambios estructurales para atajarla”.

Los asesinatos de los defensores José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo se suman al del defensor Sinar Corzo, ocurrido también en enero, en Chiapas. Esto da como resultado, al menos: tres defensores asesinados en 2019 y 13 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 2018, los cuales fueron registrados en México por la ONU-DH[1].

Luego de que en 2018 la ONU-DH tuviera conocimiento de al menos 12 asesinatos de periodistas[2], al igual que en 2017[3], el nuevo año comienza también trágicamente con el asesinato del señor Murúa Manríquez.

“Es preocupante que en todos estos casos las víctimas ya habían denunciado con anterioridad amenazas y hostigamientos, señalando incluso a autoridades como responsables de dichos actos. Estas denuncias deben ser investigadas de forma exhaustiva, sin dejar de lado las líneas que indiquen un posible involucramiento de servidores públicos y así contribuir a luchar contra la impunidad y prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir,” añadió el Sr. Jarab.

El Representante subrayó que “el hecho de que tanto el Sr. Murúa como el Sr. Jiménez fueran beneficiarios del Mecanismo de Protección debe llevar a una profunda reflexión sobre su eficacia. Las medidas de protección otorgadas, así como su implementación, efectividad y seguimiento, deben ser analizadas y evaluadas. Además, se deben esclarecer completamente estos crímenes, pues no debemos olvidar que la mejor medida de protección y de no repetición en los casos de agresiones contra defensores y periodistas es una investigación pronta y eficaz que logre justicia para las víctimas.”

La ONU-DH llama a las autoridades competentes a llevar a cabo investigaciones prontas y eficaces de los ataques contra los defensores y el periodista, exentas de prejuicios y en línea con el debido proceso y adoptar medidas de atención y protección eficaces para los familiares y colegas de las víctimas.

Finalmente, la ONU-DH expresa sus condolencias y solidaridad con las familias, amistades y colegas de Noé Jiménez Pablo, José Santiago Gómez Álvarez y José Rafael Murúa Manríquez.

FIN

Información de contexto

El periodista José Rafael Murúa Manríquez dirigía la radio comunitaria “Radiokashana”, colaboraba con Peninsular Digital, El Sur Californiano, BCS Noticias y el Colectivo Pericú y era integrante de AMARC México (Asociación Mundial de Radios Comunitarias). Dado el riesgo que enfrentaba, el Sr. Murúa Mánriquez se incorporó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2017. Desde noviembre de 2018, el periodista había denunciado públicamente múltiples incidentes en su contra, incluidas amenazas de muerte, un intento de detención arbitraria y un disparo contra su casa, tras haber publicado información y opiniones que criticaban la actuación del gobierno municipal de Mulegé. El Sr. Murúa Manríquez fue reportado como desaparecido el 19 de enero y su cuerpo encontrado sin vida al día siguiente cerca de Santa Rosalía, cabecera del municipio de Mulegé, en Baja California Sur.

Los defensores de derechos humanos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez participaban en un plantón frente al Palacio Municipal de Amatán, junto con otros integrantes del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, cuando fueron atacados por un grupo armado y desaparecidos el 17 de enero y encontrados sin vida el 18 de enero en Amatán, en Chiapas. Noé Jiménez Pablo era integrante del MOCRI-CNPA-MN, y desarrollaba actividades relacionadas con el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas, el derecho al territorio y a los recursos naturales y derechos políticos. José Santiago Gómez era un activista y luchador social. Con anterioridad, el Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán ya había sufrido agresiones. En mayo de 2018 las oficinas de la organización fueron atacadas con balazos mientras Noé Jiménez Pablo y Silvano de Jesús Roblero, quien también es conocido por su labor de defensa de los derechos humanos y coordina la comisión de desarrollo sustentable del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, se encontraban en la misma. El pasado 23 de noviembre de 2018, Carlos Mayorga Guerrero, integrante del Movimiento, fue asesinado en Amatán. A raíz de estos hechos varias personas fueron incorporadas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas incluidos a Noé Jiménez Pablo y Silvano de Jesús Roblero de los Santos.

En los mismos eventos también fue víctima de desaparición el defensor Silvano de Jesús Roblero de los Santos, quien fue encontrado al día siguiente con vida.