Manuel Martínez Bautista, un campesino indígena náhuatl de 60 años, originario de la comunidad de Crisolco del municipio de Yahualica en Hidalgo, fue encontrado sin vida en su milpa a las 4 de la tarde el 24 de diciembre 2018. Había sido atacado con un machete. Aunque las autoridades municipales y estatales acudieron a la escena del crimen, no llevaron a cabo una investigación completa.

La Red de Defensa de los Derechos Humanos (RDDH) indicaron que su asesinato podría estar relacionado con un conflicto intercomunitario por despojo de tierras. Los habitantes de la comunidad cercana de Pachiquitla, en el municipio de Xochiatipan, habían conformado un supuesto “grupo de choque”, con apoyo de las distintas autoridades municipales, estatales y federales, para despojar a los habitantes de Crisolco de 74 hectáreas de tierra. Los afectados, a su vez, se organizaron para recuperar los terrenos invadidos, pero también otras parcelas, hasta llegar a 200 hectáreas.

Los habitantes de Crisolco reportaban que el secretario del Ayuntamiento de Yahualica, Álvaro Gómez, mencionó que había recibido órdenes del gobierno estatal para resolver el conflicto agrario con la condición de que no se organizaran de forma independiente, de lo contrario se atuvieran a las consecuencias.

El 12 de noviembre, seis semanas antes del asesinato de Manuel Martínez Bautista, el campesino indígena Celerino González fue detenido ilegalmente por más de 12 horas por habitantes de la comunidad de Pachiquitla junto con la policía Estatal y municipal y que durante este tiempo fue objeto de tortura y amenazas de muerte, en su contra e integrantes de la comunidad de Crisolco, si no dejaban el predio en conflicto.

El Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental y La Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (CODHHSO-ReNDDH) condena estos hechos y exige una investigación pronta y completa y castigo a los responsables.

Fuente: La Jornada / Viento de Libertad / FNLS

Fuente (foto): Zunoticia