José Antonio Montes Enríquez era miembro de la comunidad indígena Rarámuri, Bosques San Elías Repechique, en el municipio de Bocoyna, Chihuahua.
Fue un reconocido líder de la comunidad en la lucha contra los planes de las autoridades locales de construir un nuevo aeropuerto en territorio indígena.
El 6 de junio de 2020, fue asesinado a golpes en una pelea.
Organizaciones nacionales han pedido que se investigue a fondo este caso y han relacionado el asesinato con su activismo contra la construcción del aeropuerto y su defensa del territorio rarámuri. Montes había sido baleado a principios de 2020 y su casa en el pueblo de Creel había sido incendiada.
Había protestado contra la construcción del aeropuerto en Creel y también había hecho campaña contra la tala ilegal en la zona, que en gran parte está controlada por el crimen organizado.
Mónica Gretel Ruiz Anchondo, representante legal de la comunidad, ha alegado que se trata de un “delito de Estado” ya que Montes había anunciado su intención de realizar una protesta en el aeropuerto de Barrancas de Cobre para denunciar lo que alegó fue el mal uso de los fondos que habían sido destinados a indemnizar a los indígenas desplazados tras la construcción de la primera pista.
El comité establecido por el congreso del estado para administrar los fondos decidió que la compensación solo se daría a aquellos rarámuri que habían firmado la protesta original, excluyendo así a otros miembros de la comunidad.
Desde entonces, el asesino ha sido condenado a doce años de prisión.
