Fuente The Guardian
Author Nina Lakhani
Jehry Rivera, de 45 años, de la comunidad de Brörán en Térraba, Costa Rica, fue asesinado a balazos alrededor de las 11:00 p. m. del lunes 24 de febrero de 2020, luego de ser rodeado por un grupo de lugareños enojados armados con palos, machetes, piedras y al menos una pistola.
El ataque tuvo lugar en medio de crecientes tensiones en Térraba, donde grupos de derechos humanos habían advertido a las autoridades en los últimos días sobre grupos no indígenas que se enfrentaban violentamente a familias Brörán que reclamaban tierras ancestrales.
Los eventos que condujeron al tiroteo fatal del lunes por la noche aún no están claros, pero las imágenes de video vistas por The Guardian muestran a miembros del grupo arrojando piedras e insultos sobre el cuerpo sangrante de Rivera, con un automóvil de policía estacionado cerca.
El asesinato se produce solo dos semanas después de que Mainor Ortiz Delgado, de 29 años, líder del pueblo indígena Bribri en el vecino Salitre, fuera herido en un ataque con armas de fuego, y menos de un año después de que Sergio Rojas Ortiz, de 59 años, fuera asesinado a tiros. Ambos casos siguen sin resolverse.
Costa Rica, un centro de ecoturismo con cinco millones de habitantes, es ampliamente considerado el país más equitativo y respetuoso de la ley de la región. Pero en los últimos años, el pueblo Bribri y Brörán ha sido objeto de una serie de ataques violentos, hostigamiento racista y demandas falsas de represalia con casi total impunidad.
En 2013, Rivera sobrevivió a una brutal golpiza mientras intentaba detener a los madereros ilegales. El presunto autor fue puesto en libertad luego de que se le ordenara no regresar a Térraba durante seis meses. Como resultado, en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares, instando a las autoridades costarricenses a proteger la vida y la integridad física de los pueblos Bribri y Brörán.
Rivera, Delgado y Ortiz aparentemente fueron los destinatarios de estas medidas de seguridad cuando fueron atacados. En medio de la creciente condena internacional por la impunidad, el gobierno se comprometió a investigar la creciente lista de crímenes, pero niega su responsabilidad por la ola de violencia. El presidente Carlos Alvarado condenó el asesinato en Twitter y confirmó que un hombre había sido detenido.
