El 13 de octubre de 2020, el defensor de los derechos ambientales Arnold Joaquín Morazán Erazo fue asesinado a tiros en Tocoa, departamento de Colón en Honduras. Morazán estaba en su casa cuando dos hombres armados desconocidos irrumpieron en su casa y lo mataron a tiros.
Fue una de las 32 personas de la comunidad de Guapinol criminalizadas por protestar contra un proyecto de la minera Inversiones los Pinares que afectaría el medio ambiente local. Los lugareños de Guapinol han protestado contra el proyecto minero desde 2012, cuando el gobierno otorgó una concesión minera a Inversiones Los Pinares, una empresa propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, una poderosa pareja supuestamente vinculada a abusos contra los derechos humanos.
La comunidad dice que los permisos otorgados por el gobierno no son válidos porque no se consultó debidamente a la población local como exige la ley. También dicen que el proyecto minero contamina el río cercano, que proporciona agua a más de 40.000 personas”.
Morazán Erazo participó activamente en las actividades organizadas por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), un grupo que organiza los esfuerzos de varios grupos para hacer campaña contra el desplazamiento de agricultores locales por parte de las empresas mineras.
Con la CMDBCP había denunciado ante las autoridades municipales la propuesta de desarrollo de proyectos mineros en el Parque Nacional Montaña Carlos Escaleras. Como resultado de su trabajo, fue nombrado en dos citaciones fiscales presentadas por el Ministerio Público de Tocoa tras denuncias de una empresa minera y la empresa de seguridad que contrató.
La organización local Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP) ha denunciado la escalada de violencia y difamación de los defensores en la región, así como el aumento de la vigilancia y la intimidación por parte del ejército y la policía en Guapinol.
El asesinato de Morazán se produjo pocos días después del anuncio de que los 32 defensores de Guapinol fueron nominados al prestigioso Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo.
Hasta el momento, al menos ocho personas que se han opuesto a la mina han sido asesinadas.
Organizaciones internacionales de derechos humanos señalaron que este asesinato se enmarca en un patrón de ataques que intentan desestabilizar a la comunidad. El crimen tuvo lugar días antes de una importante audiencia judicial, al igual que en 2019 cuando otro defensor fue asesinado justo antes de la primera audiencia del caso.
