Génesis Hernández y Jorge Alberto Castillo han colaborado con la Asociación por una Vida Mejor – APUVIMEH. APUVIMEH trabaja con la comunidad de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, y con aquellos/as afectados/as por VIH/SIDA en Honduras.
La organización también administra un refugio para personas con VIH/SIDA y de la comunidad LGBTI, la “Casa Renacer”, y varios proyectos que incluyen un programa de prevención del VIH/SIDA y de enfermedades de transmisión sexual y un proyecto de juventud. Jorge Alberto Castillo fue miembro fundador de la Casa Renacer. El defensor de derechos humanos fue una de las primeras personas en abogar por los derechos LGBTI en Honduras. Génesis Hernández fue poetisa de protesta que había tratado los derechos sexuales de la mujer, incluyendo lesbianas y mujeres bisexuales en su poesía como modo de llamar la atención sobre dichos asuntos. Ella también había participado en muchas manifestaciones por los derechos LGBTI y, recientemente, tuvo que huir de la ciudad como consecuencia de las amenazas en su contra.
El 18 de septiembre de 2015, aproximadamente a mediodía, Génesis Hernández fue secuestrada por desconocidos en dos camionetas, una de color gris y otra verde, afuera de su casa en Tegucigalpa. La defensora de derechos humanos fue llevada a la región de Comayagüela en Tegucigalpa, donde le forzaron a bajarse del vehículo con las manos atadas. Luego, fue forzaron a ponerse en pie frente a una pared y, según testigos, sufrió abusos verbales sobre su orientación sexual y posteriormente recibió dos disparos en la cabeza.
El 6 de septiembre de 2015, Jorge Alberto Castillo fue apedreado hasta la muerte cerca de su casa en El Manchén, Tegucigalpa. Sus compañeros de trabajo consideran que su asesinato equivale a un delito de odio. Sin embargo, hasta la fecha, la investigación sobre su asesinato no ha sido iniciada.
Estos dos asesinatos han ocurrido ten el contexto un patrón de intimidación contra miembros de APUVIMEH. El 31 de julio de 2015, mientras la directora de APUVIMEH Sra Sandra Zambrano y otros empleados y voluntarios de la organización, los Sres Cristian Daniel Cortes Sagastume, Silvio Gerardo Artola y Carlos Alberto Cardona Varela salían del mercado chino, un patrulla policial (no. M-103) se les acercó y, sin justificación alguna, la policía les ordenó a subirse a la patrulla.
Los defensores de derechos humanos fueron llevados a la comisaría en el barrio de Alemán en Comayagüela, donde les sacaron fotografías de archivo policial con el celular de uno de los oficiales de policía. Cuando un oficial de policía en la comisaría preguntó por qué se les habían llevado allí, se le instruyó a anotar que estaban borrachos en público (“poneles que andaban de vagos o que andan bolos”), a pesar de que nadie del grupo había tomado nada. El grupo fue llevado entonces a la comisaría en Belén, Comayagüela, donde permanecieron detenidos durante un día entero, el 1 de agosto de 2015. No se les permitió hacer una llamada telefónica, y no se les facilitó comida ni agua. Tampoco les informaron de sus derechos, ni de la razón de su detención.
Fueron puestos en libertad finalmente a las 6:30 de la tarde del 1 de agosto de 2015, cuando la madre de Cristian Daniel Cortes Sagastume pagó 300 HNL (aproximadamente 13 euros) a las autoridades.
Llos hechos fueron informalmente denunciados ante el Secretario de Seguridad y la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 3 de agosto de 2015. Sin embargo, no se presentó una denuncia formal. El 8 de agosto de 2015, APUVIMEH recibió una nota en la que se les explicaba que iban a abrir una investigación inmediata por parte de la policía, quien visitaría la casa de la denunciante. Sin embargo, los oficiales que visitaron la casa de Sandra Zambrano fueron los mismos que les habían detenido. Los oficiales de policía aparcaron afuera de la casa con las sirenas encendidas antes de interrogar a los defensores de derechos humanos, y también les preguntaron sobre su intención de denunciar la detención.
El 3 de marzo de 2015, un voluntario de APUVIMEH, el Sr Efraín Salomón Silva, sufrió un ataque perpetrado por desconocidos en Lepaterique, quienes le ataqcaron verbalmente y usaron lenguaje discriminatorio. El defensor de derechos humanos denunció el ataque pero, hasta la fecha, no hay un investigador asignado al caso.
En julio de 2015, Sandra Zambrano hizo una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir la ampliación de las medidas de protección concedidas a la organización en 2013. Sandra Zambrano ha declarado al Estado hondureño responsable por cualquier lesión o ataque que le puedan suceder a ella, sus colegas o su familia.
Vea este video sobre la situación descrita: