El 31 de octubre de 2020, 300 efectivos de la PNC realizaron un desalojo de la comunidad, de El Estor, disparando gases lacrimógenos y usando armas contra familias. En medio de la represión, José Choc Chaman fue asesinado; su asesinato sigue impune.
Durante el allanamiento también fue asesinado Manuel Pérez y Martín Tut, de setenta años, fue desaparecido.
Ubicada en el sur de El Estor, la comunidad ha estado viviendo en una parcela de tierra supuestamente propiedad de Juan Maegli, quien alquila la tierra a la empresa Naturaceites para plantar y procesar palma africana. Los empleados de la empresa han acusado a la comunidad de “usurpar la tierra”, pero los miembros de la comunidad niegan la acusación y afirman que “los pueblos indígenas tenemos derecho a acceder a la tierra como dice la Constitución”.
Durante años, la comunidad ha sufrido amenazas e intentos de desalojo, lo que a menudo ha resultado en violencia. Tras la violencia en El Estor, miles de manifestantes bloquearon carreteras en 12 departamentos como parte de un paro plurinacional.
El paro, organizado por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), denunció “crisis económica extrema, funcionarios políticos corruptos y la represión del sistema encabezado por Giammattei y sus miembros del Congreso” y pidió una vez más la renuncia del presidente. Montados en solidaridad con los defensores maya q’eqchi en resistencia a una mina en El Estor, los manifestantes pidieron a las autoridades que revoquen el estado de sitio impuesto a la comunidad y respeten la sentencia de la corte constitucional que reconoce su derecho a la consulta.
La Policía Nacional Civil (PNC), algunos vestidos con equipo antidisturbios completo, fueron enviados a las protestas en todo el país y se informó que en algunas áreas estaban usando fuerza excesiva. Por ejemplo, en El Trebon la policía habría atacado a mujeres y niños con sus garrotes y se vio a un oficial portando un cuchillo no autorizado.
La diputada guatemalteca Vicenta Jerónimo denunció la represión diciendo: «Un gobierno que envía policías a las calles para reprimir a los manifestantes en uno que está violando nuestros derechos». La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el estado de sitio, recordando “al Estado de Guatemala que este tipo de medidas son excepcionales y deben adaptarse a las exigencias del derecho internacional y que no constituyen una respuesta sostenible y eficaz para enfrentar y resolver conflictos sociales o políticos”.
En un comunicado publicado el 4 de octubre, la Comisión condenó las violaciones de derechos humanos cometidas contra defensores indígenas y exigió respeto por “la relación única entre los pueblos indígenas y sus territorios [que] ha sido ampliamente reconocida en el derecho internacional de los derechos humanos”.
Front Line Defenders y la Unidad para la Protección de Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) condenaron la violencia contra defensores y exhortaron a “las autoridades guatemaltecas a detener y condenar la brutalidad policial contra los manifestantes, sus familias, las personas que ejercen labores periodísticas legítimas, así como la derecho a la protección de la sociedad civil”.