Asesinado en defensa de la vida: El legado de Medardo Alonzo Lucero, defensor Ch’orti’ de los derechos humanos

Por Jess Cherofsky, a base de una investigación realizada en asociación con el Laboratorio de Investigaciones de Derechos Humanos de la RCA en la Universidad de California, Santa Cruz.

Fuente: Cultural Survival

En la frontera sureste de Guatemala con Honduras se encuentra la comunidad Maya Ch’orti’ de La Cumbre, localizada en el municipio de Olopa, departamento de Chiquimula. En este lugar, radicaba el comunero Medardo Alonzo Lucero, quien era defensor de derechos Indígenas y de las tierras y luchaba con los miembros de su comunidad y los de otras comunidades en una resistencia activa contra el proyecto minero Cantera Los Manantiales, para el que no hubo consulta con la comunidad antes del inicio de operaciones. El 15 de junio de 2020, Medardo fue asesinado en las inmediaciones del caserío Los Vásquez en La Cumbre. Fue encontrado al amanecer con signos de tortura y violencia. Según la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala: “La autoridad Indígena de la comunidad informó que la muerte está vinculada con la defensa del territorio y la lucha en contra de la minería”. A pesar de la denuncia de su asesinato por muchas organizaciones de derechos humanos, y pese a intimidaciones constantes y ataques contra miembros de su comunidad, nuestra investigación no ha revelado ninguna investigación policial oficial o gubernamental.

En 2015, el gobierno de Guatemala concedió a la corporación minera InCamin, S.A., una licencia para su proyecto Cantera Los Manantiales para la extracción de antimonio, sin considerar el derecho de las comunidades Indígenas locales al Consentimiento Libre, Previo e Informado, al que los Pueblos Indígenas alrededor del mundo tienen derecho según la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, según el Convenio 169 de la Organización internacional del trabajo (OIT) y otros tratados internacionales. La extracción resultante ha provocado un daño ecológico devastador, incluyendo daño a la salud humana de comunidades Indígenas locales cuyos territorios devora la mina.

El Pueblo Ch’orti’ de La Cumbre vive en una relación ancestral con la tierra, incluyendo el río Jupilingo, el cual consideran un milagro en el árido departamento de Chiquimula. Miembros del Pueblo Ch’orti’ han descrito su tierra como “de donde proviene nuestro origen, donde vivimos todos, donde crecemos, donde comemos, nos sentamos y descansamos… Es de nosotros, sigue siendo de nosotros. Es nuestro patrimonio, desde nuestros ancestros. Nos lo dejaron nuestros abuelos”. Según el artículo de Cultural Survival de 2018 sobre la lucha por los derechos a la tierra del Pueblo Ch’orti’: “Como la mayoría de las comunidades Mayas, los Ch’orti’ han sido víctimas de robo de sus tierras, represión política, pérdida cultural y, recientemente, han sido víctimas de desinformación por parte de los medios de comunicación, arrestos y asesinatos de sus líderes, quienes han dedicado sus vidas a defender sus tierras. Están comprometidos en una lucha amplia para recuperar acceso a la tierra y títulos”.

El antimonio es un metal pesado usado en la producción de pintura, esmalte, fuegos artificiales, celulares y chips de computadoras. Cuando se ingesta, “puede provocar daños irreversibles”; púrpura trombocitopénica – un desorden sanguíneo – y Síndrome de Guillain-Barré  -en el cual el sistema inmune ataca los nervios, estas son algunas de las nuevas enfermedades que aparecen entre la población. Los habitantes de La Cumbre y las comunidades cercanas han actuado firmemente para resistirse a la mina en tanto el río, las plantas, los animales y humanos han enfrentado una arremetida de enfermedades. Los árboles frutales han perdido sus hojas y los árboles jóvenes han muerto; los animales están enfermos y la reproducción ha fracasado. El Pueblo Ch’orti’ está sufriendo de infecciones a la piel, irritaciones oculares, afecciones a los órganos y sistemas inmunes abrumados. Además, en tanto la comunidad ha luchado para sobrevivir en medio de una sequía, el agua de río contaminada exacerba aún más una crisis de seguridad alimentaria. “Nosotros somos campesinos Indígenas. Nosotros sólo vivimos de los frijoles – maíz y frijoles. Y ellos han venido a llevar todo lo que hay dentro de tierra”, dijo Isabel Ramírez, miembro de la comunidad El Carrizal. Guillermo Ramírez, también miembro de la comunidad, dijo: “Tumbaron los palos, y usted sabe que los bosques son los pulmones de nosotros. El día en que los bosques se tumban, nos morimos de sed porque ya no llueve, no hay agua, se secan las fuentes de agua”.

En febrero de 2019, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales informó al Ministerio de Energía y Minas que la empresa “no cumplía con los requisitos mínimos ambientales». En agosto, las autoridades Indígenas de Olopa, apoyados por la Asociación de Abogados y Notarios Mayas Nim Ajpu, apeló a la Corte Suprema de Justicia para “exigir su derecho a una consulta libre, previa e informada”, y en noviembre de 2019, la corte ordenó una suspensión temporal a la mina. Sin embargo, el Consejo Indígena Ch’orti’ de Olopa informó en abril de 2020 que continuaba en operaciones, violando tanto la orden de suspensión de la corte y las medidas guatemaltecas de contención del COVID-19.

Viviendo bajo la sombra de la intimidación

El asesinato de Medardo es sólo uno de los más recientes de muchos ataques y acosos en contra de defensores de la tierra y derechos Indígenas desde que el proyecto minero Cantera Los Manantiales empezó en 2016, y los casos resaltados aquí son sólo unos pocos dentro de los numerosos esfuerzos por intimidar, difamar y acabar con las vidas de los miembros de la comunidad que luchan en nombre de sus ríos, bosques y el Pueblo Ch’orti’.

En 2016, veintidós líderes involucrados en protestas no violentas fueron criminalizados. En marzo de 2019, Odilio Guzmán Salazar, el dueño de la mina, reunió a un grupo de hombres armados para asaltar e intimidar a miembros de la resistencia Ch’orti’s pacíficos que participaban en un bloqueo rotativo 24/7  conocido como “punto de resistencia”.

En julio de 2019, representantes de la empresa dispararon a protestantes pacíficos, y el “presunto dueño de la empresa” manejó un vehículo en medio de la muchedumbre e hirió a la lideresa comunitaria Irma Méndez. El esposo de Irma, Elizandro Pérez, de 36 años, “la más importante autoridad Indígena en su comunidad, murió en circunstancias misteriosas [en noviembre de 2018] que aún no han sido investigadas por el Ministerio Público”. El cuerpo de Elizandro había sido encontrado en su casa y “Si bien los hechos alrededor de su muerte no se han esclarecido aún, cabe resaltar que Elizandro, en los meses anteriores a su fallecimiento, había sido blanco de intimidaciones y amenazas de muerte reiteradas por su participación en la defensa del territorio”.

El líder comunal Francisco Ramírez recibió notas con amenazas de muerte, pero el Ministerio Público no investigó sus quejas. En agosto de 2020, unos ladrones entraron en la casa del defensor Ch’orti’, Ubaldino García Canan y robaron documentos, lo cual sugiere que no fue un robo motivado solo económicamente, sino también político. Este fue solo uno de los muchos casos de intimidación al que Ubaldino ha sido sometido, incluyendo otros asaltos y amenazas.

El hermano de Medardo, Ovidio Alonzo Lucero, ha recibido amenazas de muerte por parte de las personas que presuntamente mataron a su hermano. Ovidio es un líder comunitario y actual vicepresidente del Consejo Indígena de La Cumbre. Según un informe por la Federación Internacional por los Derechos Humanos, el día siguiente al asesinato de Medardo, los hombres que presuntamente lo mataron se presentaron a una reunión entre Ovidio y oficiales del Ministerio Público sobre el asesinato. Esto fue seguido por amenazas según las cuales Ovidio sería asesinado si seguía buscando justicia para su hermano, y un vehículo desconocido fue visto vigilando su casa.

Estos casos devastadores de violencia en contra de personas que resisten pacíficamente a las empresas extractivas encajan dentro de una panorama más grande de violencia en contra de defensores de derechos humanos Indígenas y defensores de la tierra en Guatemala y alrededor del mundo. Sólo en los primeros cinco meses de 2020, la Unidad para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala registró 405 ataques en contra de defensores de derechos humanos. El mapa de COVID-19 de Cultural Survival está siguiendo tanto los casos de COVID-19 en comunidades Indígenas y violaciones de derechos Indígenas en relación con la pandemia. El liderazgo del proyecto Cantera Los Manantiales parece estar explotando la falta de supervisión por la pandemia  para aumentar los ataques en contra de la comunidad y seguir operando pese a una orden judicial para suspender actividades. Esto es consistente con un patrón de violencia en todo Guatemala y globalmente.

Prensa Comunitaria describió a Medardo  como un “defensor del territorio y de los recursos naturales, quien, según las autoridades de esta comunidad, era parte de la lucha organizada y pacífica por un territorio libre de actividad minera e hidroeléctrica”. Cultural Survival lamenta el inadmisible asesinato de Medardo y hace un llamado a que Guatemala tome en serio la plaga de violencia en contra de defensores Indígenas de derechos humanos y de la tierra, y hacer responsables a los asesinos de Medardo y a los autores de intimidaciones e interferencias con la vida y salud de los miembros de la comunidad Ch’orti’ y sus tierras y territorios. Guatemala también debe asegurar que se cumpla la orden que suspende las actividades mineras de Cantera Los Manantiales y se respete el derecho de las comunidades Ch’orti’ al consentimiento libre, previo e informado respecto a actividades en sus tierras.

Esta investigación se realizó en colaboración con el Human Rights Investigations Lab del RCA de la Universidad de California, Santa Cruz. Agradecemos también y expresamos nuestra solidaridad con los miembros de las comunidades de cada individuo, quienes han ayudado a sacar a la luz estos casos y perseverar en la búsqueda de justicia.

Asesinado en defensa de la vida: El legado de Medardo Alonzo Lucero, defensor Ch’orti’ de los derechos humanos

Por Jess Cherofsky, a base de una investigación realizada en asociación con el Laboratorio de Investigaciones de Derechos Humanos de la RCA en la Universidad de California, Santa Cruz.

Fuente: Cultural Survival

En la frontera sureste de Guatemala con Honduras se encuentra la comunidad Maya Ch’orti’ de La Cumbre, localizada en el municipio de Olopa, departamento de Chiquimula. En este lugar, radicaba el comunero Medardo Alonzo Lucero, quien era defensor de derechos Indígenas y de las tierras y luchaba con los miembros de su comunidad y los de otras comunidades en una resistencia activa contra el proyecto minero Cantera Los Manantiales, para el que no hubo consulta con la comunidad antes del inicio de operaciones. El 15 de junio de 2020, Medardo fue asesinado en las inmediaciones del caserío Los Vásquez en La Cumbre. Fue encontrado al amanecer con signos de tortura y violencia. Según la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala: “La autoridad Indígena de la comunidad informó que la muerte está vinculada con la defensa del territorio y la lucha en contra de la minería”. A pesar de la denuncia de su asesinato por muchas organizaciones de derechos humanos, y pese a intimidaciones constantes y ataques contra miembros de su comunidad, nuestra investigación no ha revelado ninguna investigación policial oficial o gubernamental.
En 2015, el gobierno de Guatemala concedió a la corporación minera InCamin, S.A., una licencia para su proyecto Cantera Los Manantiales para la extracción de antimonio, sin considerar el derecho de las comunidades Indígenas locales al Consentimiento Libre, Previo e Informado, al que los Pueblos Indígenas alrededor del mundo tienen derecho según la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, según el Convenio 169 de la Organización internacional del trabajo (OIT) y otros tratados internacionales. La extracción resultante ha provocado un daño ecológico devastador, incluyendo daño a la salud humana de comunidades Indígenas locales cuyos territorios devora la mina.
El Pueblo Ch’orti’ de La Cumbre vive en una relación ancestral con la tierra, incluyendo el río Jupilingo, el cual consideran un milagro en el árido departamento de Chiquimula. Miembros del Pueblo Ch’orti’ han descrito su tierra como “de donde proviene nuestro origen, donde vivimos todos, donde crecemos, donde comemos, nos sentamos y descansamos… Es de nosotros, sigue siendo de nosotros. Es nuestro patrimonio, desde nuestros ancestros. Nos lo dejaron nuestros abuelos”. Según el artículo de Cultural Survival de 2018 sobre la lucha por los derechos a la tierra del Pueblo Ch’orti’: “Como la mayoría de las comunidades Mayas, los Ch’orti’ han sido víctimas de robo de sus tierras, represión política, pérdida cultural y, recientemente, han sido víctimas de desinformación por parte de los medios de comunicación, arrestos y asesinatos de sus líderes, quienes han dedicado sus vidas a defender sus tierras. Están comprometidos en una lucha amplia para recuperar acceso a la tierra y títulos”.
El antimonio es un metal pesado usado en la producción de pintura, esmalte, fuegos artificiales, celulares y chips de computadoras. Cuando se ingesta, “puede provocar daños irreversibles”; púrpura trombocitopénica – un desorden sanguíneo – y Síndrome de Guillain-Barré  -en el cual el sistema inmune ataca los nervios, estas son algunas de las nuevas enfermedades que aparecen entre la población. Los habitantes de La Cumbre y las comunidades cercanas han actuado firmemente para resistirse a la mina en tanto el río, las plantas, los animales y humanos han enfrentado una arremetida de enfermedades. Los árboles frutales han perdido sus hojas y los árboles jóvenes han muerto; los animales están enfermos y la reproducción ha fracasado. El Pueblo Ch’orti’ está sufriendo de infecciones a la piel, irritaciones oculares, afecciones a los órganos y sistemas inmunes abrumados. Además, en tanto la comunidad ha luchado para sobrevivir en medio de una sequía, el agua de río contaminada exacerba aún más una crisis de seguridad alimentaria. “Nosotros somos campesinos Indígenas. Nosotros sólo vivimos de los frijoles – maíz y frijoles. Y ellos han venido a llevar todo lo que hay dentro de tierra”, dijo Isabel Ramírez, miembro de la comunidad El Carrizal. Guillermo Ramírez, también miembro de la comunidad, dijo: “Tumbaron los palos, y usted sabe que los bosques son los pulmones de nosotros. El día en que los bosques se tumban, nos morimos de sed porque ya no llueve, no hay agua, se secan las fuentes de agua”.
En febrero de 2019, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales informó al Ministerio de Energía y Minas que la empresa “no cumplía con los requisitos mínimos ambientales». En agosto, las autoridades Indígenas de Olopa, apoyados por la Asociación de Abogados y Notarios Mayas Nim Ajpu, apeló a la Corte Suprema de Justicia para “exigir su derecho a una consulta libre, previa e informada”, y en noviembre de 2019, la corte ordenó una suspensión temporal a la mina. Sin embargo, el Consejo Indígena Ch’orti’ de Olopa informó en abril de 2020 que continuaba en operaciones, violando tanto la orden de suspensión de la corte y las medidas guatemaltecas de contención del COVID-19.

Viviendo bajo la sombra de la intimidación

El asesinato de Medardo es sólo uno de los más recientes de muchos ataques y acosos en contra de defensores de la tierra y derechos Indígenas desde que el proyecto minero Cantera Los Manantiales empezó en 2016, y los casos resaltados aquí son sólo unos pocos dentro de los numerosos esfuerzos por intimidar, difamar y acabar con las vidas de los miembros de la comunidad que luchan en nombre de sus ríos, bosques y el Pueblo Ch’orti’. En 2016, veintidós líderes involucrados en protestas no violentas fueron criminalizados. En marzo de 2019, Odilio Guzmán Salazar, el dueño de la mina, reunió a un grupo de hombres armados para asaltar e intimidar a miembros de la resistencia Ch’orti’s pacíficos que participaban en un bloqueo rotativo 24/7  conocido como “punto de resistencia”. En julio de 2019, representantes de la empresa dispararon a protestantes pacíficos, y el “presunto dueño de la empresa” manejó un vehículo en medio de la muchedumbre e hirió a la lideresa comunitaria Irma Méndez. El esposo de Irma, Elizandro Pérez, de 36 años, “la más importante autoridad Indígena en su comunidad, murió en circunstancias misteriosas [en noviembre de 2018] que aún no han sido investigadas por el Ministerio Público”. El cuerpo de Elizandro había sido encontrado en su casa y “Si bien los hechos alrededor de su muerte no se han esclarecido aún, cabe resaltar que Elizandro, en los meses anteriores a su fallecimiento, había sido blanco de intimidaciones y amenazas de muerte reiteradas por su participación en la defensa del territorio”. El líder comunal Francisco Ramírez recibió notas con amenazas de muerte, pero el Ministerio Público no investigó sus quejas. En agosto de 2020, unos ladrones entraron en la casa del defensor Ch’orti’, Ubaldino García Canan y robaron documentos, lo cual sugiere que no fue un robo motivado solo económicamente, sino también político. Este fue solo uno de los muchos casos de intimidación al que Ubaldino ha sido sometido, incluyendo otros asaltos y amenazas.

El hermano de Medardo, Ovidio Alonzo Lucero, ha recibido amenazas de muerte por parte de las personas que presuntamente mataron a su hermano. Ovidio es un líder comunitario y actual vicepresidente del Consejo Indígena de La Cumbre. Según un informe por la Federación Internacional por los Derechos Humanos, el día siguiente al asesinato de Medardo, los hombres que presuntamente lo mataron se presentaron a una reunión entre Ovidio y oficiales del Ministerio Público sobre el asesinato. Esto fue seguido por amenazas según las cuales Ovidio sería asesinado si seguía buscando justicia para su hermano, y un vehículo desconocido fue visto vigilando su casa.
Estos casos devastadores de violencia en contra de personas que resisten pacíficamente a las empresas extractivas encajan dentro de una panorama más grande de violencia en contra de defensores de derechos humanos Indígenas y defensores de la tierra en Guatemala y alrededor del mundo. Sólo en los primeros cinco meses de 2020, la Unidad para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala registró 405 ataques en contra de defensores de derechos humanos. El mapa de COVID-19 de Cultural Survival está siguiendo tanto los casos de COVID-19 en comunidades Indígenas y violaciones de derechos Indígenas en relación con la pandemia. El liderazgo del proyecto Cantera Los Manantiales parece estar explotando la falta de supervisión por la pandemia  para aumentar los ataques en contra de la comunidad y seguir operando pese a una orden judicial para suspender actividades. Esto es consistente con un patrón de violencia en todo Guatemala y globalmente.
Prensa Comunitaria describió a Medardo  como un “defensor del territorio y de los recursos naturales, quien, según las autoridades de esta comunidad, era parte de la lucha organizada y pacífica por un territorio libre de actividad minera e hidroeléctrica”. Cultural Survival lamenta el inadmisible asesinato de Medardo y hace un llamado a que Guatemala tome en serio la plaga de violencia en contra de defensores Indígenas de derechos humanos y de la tierra, y hacer responsables a los asesinos de Medardo y a los autores de intimidaciones e interferencias con la vida y salud de los miembros de la comunidad Ch’orti’ y sus tierras y territorios. Guatemala también debe asegurar que se cumpla la orden que suspende las actividades mineras de Cantera Los Manantiales y se respete el derecho de las comunidades Ch’orti’ al consentimiento libre, previo e informado respecto a actividades en sus tierras.

Esta investigación se realizó en colaboración con el Human Rights Investigations Lab del RCA de la Universidad de California, Santa Cruz. Agradecemos también y expresamos nuestra solidaridad con los miembros de las comunidades de cada individuo, quienes han ayudado a sacar a la luz estos casos y perseverar en la búsqueda de justicia.

Asesinado en defensa de la vida: El legado de Medardo Alonzo Lucero, defensor Ch’orti’ de los derechos humanos

Por Jess Cherofsky, a base de una investigación realizada en asociación con el Laboratorio de Investigaciones de Derechos Humanos de la RCA en la Universidad de California, Santa Cruz.

Fuente: Cultural Survival

En la frontera sureste de Guatemala con Honduras se encuentra la comunidad Maya Ch’orti’ de La Cumbre, localizada en el municipio de Olopa, departamento de Chiquimula. En este lugar, radicaba el comunero Medardo Alonzo Lucero, quien era defensor de derechos Indígenas y de las tierras y luchaba con los miembros de su comunidad y los de otras comunidades en una resistencia activa contra el proyecto minero Cantera Los Manantiales, para el que no hubo consulta con la comunidad antes del inicio de operaciones. El 15 de junio de 2020, Medardo fue asesinado en las inmediaciones del caserío Los Vásquez en La Cumbre. Fue encontrado al amanecer con signos de tortura y violencia. Según la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala: “La autoridad Indígena de la comunidad informó que la muerte está vinculada con la defensa del territorio y la lucha en contra de la minería”. A pesar de la denuncia de su asesinato por muchas organizaciones de derechos humanos, y pese a intimidaciones constantes y ataques contra miembros de su comunidad, nuestra investigación no ha revelado ninguna investigación policial oficial o gubernamental.
En 2015, el gobierno de Guatemala concedió a la corporación minera InCamin, S.A., una licencia para su proyecto Cantera Los Manantiales para la extracción de antimonio, sin considerar el derecho de las comunidades Indígenas locales al Consentimiento Libre, Previo e Informado, al que los Pueblos Indígenas alrededor del mundo tienen derecho según la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, según el Convenio 169 de la Organización internacional del trabajo (OIT) y otros tratados internacionales. La extracción resultante ha provocado un daño ecológico devastador, incluyendo daño a la salud humana de comunidades Indígenas locales cuyos territorios devora la mina.
El Pueblo Ch’orti’ de La Cumbre vive en una relación ancestral con la tierra, incluyendo el río Jupilingo, el cual consideran un milagro en el árido departamento de Chiquimula. Miembros del Pueblo Ch’orti’ han descrito su tierra como “de donde proviene nuestro origen, donde vivimos todos, donde crecemos, donde comemos, nos sentamos y descansamos… Es de nosotros, sigue siendo de nosotros. Es nuestro patrimonio, desde nuestros ancestros. Nos lo dejaron nuestros abuelos”. Según el artículo de Cultural Survival de 2018 sobre la lucha por los derechos a la tierra del Pueblo Ch’orti’: “Como la mayoría de las comunidades Mayas, los Ch’orti’ han sido víctimas de robo de sus tierras, represión política, pérdida cultural y, recientemente, han sido víctimas de desinformación por parte de los medios de comunicación, arrestos y asesinatos de sus líderes, quienes han dedicado sus vidas a defender sus tierras. Están comprometidos en una lucha amplia para recuperar acceso a la tierra y títulos”.
El antimonio es un metal pesado usado en la producción de pintura, esmalte, fuegos artificiales, celulares y chips de computadoras. Cuando se ingesta, “puede provocar daños irreversibles”; púrpura trombocitopénica – un desorden sanguíneo – y Síndrome de Guillain-Barré  -en el cual el sistema inmune ataca los nervios, estas son algunas de las nuevas enfermedades que aparecen entre la población. Los habitantes de La Cumbre y las comunidades cercanas han actuado firmemente para resistirse a la mina en tanto el río, las plantas, los animales y humanos han enfrentado una arremetida de enfermedades. Los árboles frutales han perdido sus hojas y los árboles jóvenes han muerto; los animales están enfermos y la reproducción ha fracasado. El Pueblo Ch’orti’ está sufriendo de infecciones a la piel, irritaciones oculares, afecciones a los órganos y sistemas inmunes abrumados. Además, en tanto la comunidad ha luchado para sobrevivir en medio de una sequía, el agua de río contaminada exacerba aún más una crisis de seguridad alimentaria. “Nosotros somos campesinos Indígenas. Nosotros sólo vivimos de los frijoles – maíz y frijoles. Y ellos han venido a llevar todo lo que hay dentro de tierra”, dijo Isabel Ramírez, miembro de la comunidad El Carrizal. Guillermo Ramírez, también miembro de la comunidad, dijo: “Tumbaron los palos, y usted sabe que los bosques son los pulmones de nosotros. El día en que los bosques se tumban, nos morimos de sed porque ya no llueve, no hay agua, se secan las fuentes de agua”.
En febrero de 2019, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales informó al Ministerio de Energía y Minas que la empresa “no cumplía con los requisitos mínimos ambientales». En agosto, las autoridades Indígenas de Olopa, apoyados por la Asociación de Abogados y Notarios Mayas Nim Ajpu, apeló a la Corte Suprema de Justicia para “exigir su derecho a una consulta libre, previa e informada”, y en noviembre de 2019, la corte ordenó una suspensión temporal a la mina. Sin embargo, el Consejo Indígena Ch’orti’ de Olopa informó en abril de 2020 que continuaba en operaciones, violando tanto la orden de suspensión de la corte y las medidas guatemaltecas de contención del COVID-19.

Viviendo bajo la sombra de la intimidación

El asesinato de Medardo es sólo uno de los más recientes de muchos ataques y acosos en contra de defensores de la tierra y derechos Indígenas desde que el proyecto minero Cantera Los Manantiales empezó en 2016, y los casos resaltados aquí son sólo unos pocos dentro de los numerosos esfuerzos por intimidar, difamar y acabar con las vidas de los miembros de la comunidad que luchan en nombre de sus ríos, bosques y el Pueblo Ch’orti’. En 2016, veintidós líderes involucrados en protestas no violentas fueron criminalizados. En marzo de 2019, Odilio Guzmán Salazar, el dueño de la mina, reunió a un grupo de hombres armados para asaltar e intimidar a miembros de la resistencia Ch’orti’s pacíficos que participaban en un bloqueo rotativo 24/7  conocido como “punto de resistencia”. En julio de 2019, representantes de la empresa dispararon a protestantes pacíficos, y el “presunto dueño de la empresa” manejó un vehículo en medio de la muchedumbre e hirió a la lideresa comunitaria Irma Méndez. El esposo de Irma, Elizandro Pérez, de 36 años, “la más importante autoridad Indígena en su comunidad, murió en circunstancias misteriosas [en noviembre de 2018] que aún no han sido investigadas por el Ministerio Público”. El cuerpo de Elizandro había sido encontrado en su casa y “Si bien los hechos alrededor de su muerte no se han esclarecido aún, cabe resaltar que Elizandro, en los meses anteriores a su fallecimiento, había sido blanco de intimidaciones y amenazas de muerte reiteradas por su participación en la defensa del territorio”. El líder comunal Francisco Ramírez recibió notas con amenazas de muerte, pero el Ministerio Público no investigó sus quejas. En agosto de 2020, unos ladrones entraron en la casa del defensor Ch’orti’, Ubaldino García Canan y robaron documentos, lo cual sugiere que no fue un robo motivado solo económicamente, sino también político. Este fue solo uno de los muchos casos de intimidación al que Ubaldino ha sido sometido, incluyendo otros asaltos y amenazas.

El hermano de Medardo, Ovidio Alonzo Lucero, ha recibido amenazas de muerte por parte de las personas que presuntamente mataron a su hermano. Ovidio es un líder comunitario y actual vicepresidente del Consejo Indígena de La Cumbre. Según un informe por la Federación Internacional por los Derechos Humanos, el día siguiente al asesinato de Medardo, los hombres que presuntamente lo mataron se presentaron a una reunión entre Ovidio y oficiales del Ministerio Público sobre el asesinato. Esto fue seguido por amenazas según las cuales Ovidio sería asesinado si seguía buscando justicia para su hermano, y un vehículo desconocido fue visto vigilando su casa.
Estos casos devastadores de violencia en contra de personas que resisten pacíficamente a las empresas extractivas encajan dentro de una panorama más grande de violencia en contra de defensores de derechos humanos Indígenas y defensores de la tierra en Guatemala y alrededor del mundo. Sólo en los primeros cinco meses de 2020, la Unidad para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala registró 405 ataques en contra de defensores de derechos humanos. El mapa de COVID-19 de Cultural Survival está siguiendo tanto los casos de COVID-19 en comunidades Indígenas y violaciones de derechos Indígenas en relación con la pandemia. El liderazgo del proyecto Cantera Los Manantiales parece estar explotando la falta de supervisión por la pandemia  para aumentar los ataques en contra de la comunidad y seguir operando pese a una orden judicial para suspender actividades. Esto es consistente con un patrón de violencia en todo Guatemala y globalmente.
Prensa Comunitaria describió a Medardo  como un “defensor del territorio y de los recursos naturales, quien, según las autoridades de esta comunidad, era parte de la lucha organizada y pacífica por un territorio libre de actividad minera e hidroeléctrica”. Cultural Survival lamenta el inadmisible asesinato de Medardo y hace un llamado a que Guatemala tome en serio la plaga de violencia en contra de defensores Indígenas de derechos humanos y de la tierra, y hacer responsables a los asesinos de Medardo y a los autores de intimidaciones e interferencias con la vida y salud de los miembros de la comunidad Ch’orti’ y sus tierras y territorios. Guatemala también debe asegurar que se cumpla la orden que suspende las actividades mineras de Cantera Los Manantiales y se respete el derecho de las comunidades Ch’orti’ al consentimiento libre, previo e informado respecto a actividades en sus tierras.

Esta investigación se realizó en colaboración con el Human Rights Investigations Lab del RCA de la Universidad de California, Santa Cruz. Agradecemos también y expresamos nuestra solidaridad con los miembros de las comunidades de cada individuo, quienes han ayudado a sacar a la luz estos casos y perseverar en la búsqueda de justicia.

Asesinado en defensa de la vida: El legado de Medardo Alonzo Lucero, defensor Ch’orti’ de los derechos humanos

Por Jess Cherofsky, a base de una investigación realizada en asociación con el Laboratorio de Investigaciones de Derechos Humanos de la RCA en la Universidad de California, Santa Cruz.

Fuente: Cultural Survival

En la frontera sureste de Guatemala con Honduras se encuentra la comunidad Maya Ch’orti’ de La Cumbre, localizada en el municipio de Olopa, departamento de Chiquimula. En este lugar, radicaba el comunero Medardo Alonzo Lucero, quien era defensor de derechos Indígenas y de las tierras y luchaba con los miembros de su comunidad y los de otras comunidades en una resistencia activa contra el proyecto minero Cantera Los Manantiales, para el que no hubo consulta con la comunidad antes del inicio de operaciones. El 15 de junio de 2020, Medardo fue asesinado en las inmediaciones del caserío Los Vásquez en La Cumbre. Fue encontrado al amanecer con signos de tortura y violencia. Según la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala: “La autoridad Indígena de la comunidad informó que la muerte está vinculada con la defensa del territorio y la lucha en contra de la minería”. A pesar de la denuncia de su asesinato por muchas organizaciones de derechos humanos, y pese a intimidaciones constantes y ataques contra miembros de su comunidad, nuestra investigación no ha revelado ninguna investigación policial oficial o gubernamental.
En 2015, el gobierno de Guatemala concedió a la corporación minera InCamin, S.A., una licencia para su proyecto Cantera Los Manantiales para la extracción de antimonio, sin considerar el derecho de las comunidades Indígenas locales al Consentimiento Libre, Previo e Informado, al que los Pueblos Indígenas alrededor del mundo tienen derecho según la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, según el Convenio 169 de la Organización internacional del trabajo (OIT) y otros tratados internacionales. La extracción resultante ha provocado un daño ecológico devastador, incluyendo daño a la salud humana de comunidades Indígenas locales cuyos territorios devora la mina.
El Pueblo Ch’orti’ de La Cumbre vive en una relación ancestral con la tierra, incluyendo el río Jupilingo, el cual consideran un milagro en el árido departamento de Chiquimula. Miembros del Pueblo Ch’orti’ han descrito su tierra como “de donde proviene nuestro origen, donde vivimos todos, donde crecemos, donde comemos, nos sentamos y descansamos… Es de nosotros, sigue siendo de nosotros. Es nuestro patrimonio, desde nuestros ancestros. Nos lo dejaron nuestros abuelos”. Según el artículo de Cultural Survival de 2018 sobre la lucha por los derechos a la tierra del Pueblo Ch’orti’: “Como la mayoría de las comunidades Mayas, los Ch’orti’ han sido víctimas de robo de sus tierras, represión política, pérdida cultural y, recientemente, han sido víctimas de desinformación por parte de los medios de comunicación, arrestos y asesinatos de sus líderes, quienes han dedicado sus vidas a defender sus tierras. Están comprometidos en una lucha amplia para recuperar acceso a la tierra y títulos”.
El antimonio es un metal pesado usado en la producción de pintura, esmalte, fuegos artificiales, celulares y chips de computadoras. Cuando se ingesta, “puede provocar daños irreversibles”; púrpura trombocitopénica – un desorden sanguíneo – y Síndrome de Guillain-Barré  -en el cual el sistema inmune ataca los nervios, estas son algunas de las nuevas enfermedades que aparecen entre la población. Los habitantes de La Cumbre y las comunidades cercanas han actuado firmemente para resistirse a la mina en tanto el río, las plantas, los animales y humanos han enfrentado una arremetida de enfermedades. Los árboles frutales han perdido sus hojas y los árboles jóvenes han muerto; los animales están enfermos y la reproducción ha fracasado. El Pueblo Ch’orti’ está sufriendo de infecciones a la piel, irritaciones oculares, afecciones a los órganos y sistemas inmunes abrumados. Además, en tanto la comunidad ha luchado para sobrevivir en medio de una sequía, el agua de río contaminada exacerba aún más una crisis de seguridad alimentaria. “Nosotros somos campesinos Indígenas. Nosotros sólo vivimos de los frijoles – maíz y frijoles. Y ellos han venido a llevar todo lo que hay dentro de tierra”, dijo Isabel Ramírez, miembro de la comunidad El Carrizal. Guillermo Ramírez, también miembro de la comunidad, dijo: “Tumbaron los palos, y usted sabe que los bosques son los pulmones de nosotros. El día en que los bosques se tumban, nos morimos de sed porque ya no llueve, no hay agua, se secan las fuentes de agua”.
En febrero de 2019, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales informó al Ministerio de Energía y Minas que la empresa “no cumplía con los requisitos mínimos ambientales». En agosto, las autoridades Indígenas de Olopa, apoyados por la Asociación de Abogados y Notarios Mayas Nim Ajpu, apeló a la Corte Suprema de Justicia para “exigir su derecho a una consulta libre, previa e informada”, y en noviembre de 2019, la corte ordenó una suspensión temporal a la mina. Sin embargo, el Consejo Indígena Ch’orti’ de Olopa informó en abril de 2020 que continuaba en operaciones, violando tanto la orden de suspensión de la corte y las medidas guatemaltecas de contención del COVID-19.

Viviendo bajo la sombra de la intimidación

El asesinato de Medardo es sólo uno de los más recientes de muchos ataques y acosos en contra de defensores de la tierra y derechos Indígenas desde que el proyecto minero Cantera Los Manantiales empezó en 2016, y los casos resaltados aquí son sólo unos pocos dentro de los numerosos esfuerzos por intimidar, difamar y acabar con las vidas de los miembros de la comunidad que luchan en nombre de sus ríos, bosques y el Pueblo Ch’orti’. En 2016, veintidós líderes involucrados en protestas no violentas fueron criminalizados. En marzo de 2019, Odilio Guzmán Salazar, el dueño de la mina, reunió a un grupo de hombres armados para asaltar e intimidar a miembros de la resistencia Ch’orti’s pacíficos que participaban en un bloqueo rotativo 24/7  conocido como “punto de resistencia”. En julio de 2019, representantes de la empresa dispararon a protestantes pacíficos, y el “presunto dueño de la empresa” manejó un vehículo en medio de la muchedumbre e hirió a la lideresa comunitaria Irma Méndez. El esposo de Irma, Elizandro Pérez, de 36 años, “la más importante autoridad Indígena en su comunidad, murió en circunstancias misteriosas [en noviembre de 2018] que aún no han sido investigadas por el Ministerio Público”. El cuerpo de Elizandro había sido encontrado en su casa y “Si bien los hechos alrededor de su muerte no se han esclarecido aún, cabe resaltar que Elizandro, en los meses anteriores a su fallecimiento, había sido blanco de intimidaciones y amenazas de muerte reiteradas por su participación en la defensa del territorio”. El líder comunal Francisco Ramírez recibió notas con amenazas de muerte, pero el Ministerio Público no investigó sus quejas. En agosto de 2020, unos ladrones entraron en la casa del defensor Ch’orti’, Ubaldino García Canan y robaron documentos, lo cual sugiere que no fue un robo motivado solo económicamente, sino también político. Este fue solo uno de los muchos casos de intimidación al que Ubaldino ha sido sometido, incluyendo otros asaltos y amenazas.

El hermano de Medardo, Ovidio Alonzo Lucero, ha recibido amenazas de muerte por parte de las personas que presuntamente mataron a su hermano. Ovidio es un líder comunitario y actual vicepresidente del Consejo Indígena de La Cumbre. Según un informe por la Federación Internacional por los Derechos Humanos, el día siguiente al asesinato de Medardo, los hombres que presuntamente lo mataron se presentaron a una reunión entre Ovidio y oficiales del Ministerio Público sobre el asesinato. Esto fue seguido por amenazas según las cuales Ovidio sería asesinado si seguía buscando justicia para su hermano, y un vehículo desconocido fue visto vigilando su casa.
Estos casos devastadores de violencia en contra de personas que resisten pacíficamente a las empresas extractivas encajan dentro de una panorama más grande de violencia en contra de defensores de derechos humanos Indígenas y defensores de la tierra en Guatemala y alrededor del mundo. Sólo en los primeros cinco meses de 2020, la Unidad para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala registró 405 ataques en contra de defensores de derechos humanos. El mapa de COVID-19 de Cultural Survival está siguiendo tanto los casos de COVID-19 en comunidades Indígenas y violaciones de derechos Indígenas en relación con la pandemia. El liderazgo del proyecto Cantera Los Manantiales parece estar explotando la falta de supervisión por la pandemia  para aumentar los ataques en contra de la comunidad y seguir operando pese a una orden judicial para suspender actividades. Esto es consistente con un patrón de violencia en todo Guatemala y globalmente.
Prensa Comunitaria describió a Medardo  como un “defensor del territorio y de los recursos naturales, quien, según las autoridades de esta comunidad, era parte de la lucha organizada y pacífica por un territorio libre de actividad minera e hidroeléctrica”. Cultural Survival lamenta el inadmisible asesinato de Medardo y hace un llamado a que Guatemala tome en serio la plaga de violencia en contra de defensores Indígenas de derechos humanos y de la tierra, y hacer responsables a los asesinos de Medardo y a los autores de intimidaciones e interferencias con la vida y salud de los miembros de la comunidad Ch’orti’ y sus tierras y territorios. Guatemala también debe asegurar que se cumpla la orden que suspende las actividades mineras de Cantera Los Manantiales y se respete el derecho de las comunidades Ch’orti’ al consentimiento libre, previo e informado respecto a actividades en sus tierras.

Esta investigación se realizó en colaboración con el Human Rights Investigations Lab del RCA de la Universidad de California, Santa Cruz. Agradecemos también y expresamos nuestra solidaridad con los miembros de las comunidades de cada individuo, quienes han ayudado a sacar a la luz estos casos y perseverar en la búsqueda de justicia.

Murdered in Defense of Life: The Legacy of Ch’orti’ Human Rights Defender Medardo Alonzo Lucero

By Jess Cherofsky, with research was conducted in partnership with the RCA’s Human Rights Investigations Lab at the University of California, Santa Cruz. 

On Guatemala’s southeastern border with Honduras is the Maya Ch’orti community of La Cumbre, located in the Olopa municipality of the department of Chiquimula. Community member Medardo Alonzo Lucero was an Indigenous rights and land defender, struggling alongside his fellow community members and those of other communities in active resistance against mining project Cantera Los Manantiales, for which there had been no consultation with the community before initiating operations. On June 15, 2020, Medardo Alonzo Lucero was assassinated in the vicinity of the Los Vásquez village in La Cumbre. He was found at dawn with signs of torture and violence. According to the Human Rights Ombudsman of Guatemala, “The Indigenous authority of the community reported that the death is linked to the defense of the territory and the fight against mining.” Despite the denunciation of this murder by many human rights organizations, and despite constant intimidation of and attacks against community members, our research has not revealed any official police or government investigation.
In 2015, the Guatemalan government granted mining corporation InCamin, S.A., a license for their Cantera Los Manantiales project to mine for antimony without regard for local Indigenous communities’ right to Free, Prior and Informed Consent, a right to which Indigenous Peoples are entitled globally in accordance with the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the International Labor Organization’s (ILO) Convention 169, and other international agreements. The resulting extraction has caused devastating ecological damage, including to the human health of local Indigenous communities whose territories the mines devour.
The Ch’orti’ People of La Cumbre live in ancient relationship with their land, including the Jupilingo River, which they consider a miracle in the otherwise arid Chiquimula environment. Members of the Ch’orti’ Peoples have described their land as “where we originate, where we all live, where we grow up, where we eat, and sit to rest…The land is, and has always been ours. It is the inheritance left by our ancestors.” According to Cultural Survival’s 2018 article on the Ch’orti’ land rights struggle, “Like most Mayan communities, the Ch’orti’ have suffered from theft of their lands, political repression, cultural loss, and recently, have been victims of media disinformation, arrest, and murder of their leaders who have dedicated their lives to defending their lands.» They are engaged in a broad struggle to regain land access and title.
Antimony is a heavy metal use in the production of paint, enamel, fireworks, and cell phone and computer chips. When ingested, “it can cause irreversible damage”; thrombocytopenic purpura – a blood disorder – and Guillián Barré Syndrome – in which the immune system attacks the nerves – are among the new diseases appearing in the population. The people of La Cumbre and nearby communities have acted decisively to resist the mine as the river, plants, animals, and humans have faced an onslaught of illness. Fruit trees have lost their leaves and saplings have died; animals are sick and reproduction has failed. The Ch’orti’ People are suffering skin infections, eye irritation, organ illnesses, and overwhelmed immune systems. Further, as the community has struggled to survive in the midst of a drought, the contaminated river water further exacerbates a food security crisis. “We are Indigenous campesinos. We only live off beans and corn. And they have come to take everything that’s inside the soil,” said El Carrizal community member Isabel Ramírez. Fellow community member Guillermno Ramírez commented, “The company has knocked down trees, and as you know, the forests are our lungs. The day the forests are gone, we will die of thirst, because it will stop raining and the water sources will dry up.”
In February 2019, the Ministry of Environment and Natural Resources reported to the Ministry of Energy and Mines that the company was “not in compliance with minimum environmental requirements.” In August, Indigenous authorities of Olopa, supported by the Association of Mayan Lawyers and Notaries Nim Ajpu, appealed to the Supreme Court of Justice to “demand their right to a Free, Prior, and Informed Consultation,” and in November 2019, the court ordered a temporary suspension of the mine. Yet the Ch’orti Indigenous Council of Olopa reported in April 2020 that the mine was continuing to operate, violating both the court-ordered suspension and Guatemalan COVID-19 containment measures.
Living in the Shadow of Intimidation

Medardo Alonzo Lucero’s murder is only among the most recent of many attacks and harassment against Indigenous rights and land defenders in the years since the Cantera Los Manantiales mining project began in 2016, and the instances highlighted here are only a few of numerous efforts to intimidate, defame, and end the lives of community members struggling on behalf of their rivers, forests, and the Ch’orti People. In 2016, twenty-two leaders who engaged in nonviolent protest were criminalized. In March 2019, mine owner Odilio Guzmán Salazar gathered a group of armed men to assault and intimidate peaceful Ch’orti resisters participating in a rotating 24/7 blockade known as a “resistance point.” In July 2019, company representatives shot at peaceful protesters, and the “alleged owner of the company” drove a vehicle into the crowd, injuring community leader Irma Méndez. Méndez’s husband, 36-year-old Elizandro Pérez, “the foremost Indigenous authority in his community, [had] died in mysterious circumstances [in November 2018] that have still not been investigated by the Public Prosecutor’s Office.” Pérez’s body had been found in his home, and “while the events surrounding his death have not yet been clarified, it is important to highlight that in the month preceding his death, Pérez had been the target of repeated intimidation and death threats for his participation in territorial defense.” Community leader Francisco Ramírez received notes containing death threats; the District Attorney failed to investigate his complaints. In August 2020, robbers broke into Ch’orti’ defender Ubaldino García Canan’s home, stealing documents, which suggests that this was not merely an economically motivated robbery but a political one. This was only one of many instances of intimidation to which Ubaldino has been subject, including other raids and threats.
Medardo’s brother, Ovidio Alonzo Lucero, has received death threats from the people who allegedly killed his brother. Ovidio is a community leader and current Vice President of the Indigenous Council of La Cumbre. According to a report by the International Federation For Human Rights, the day after Medardo Alonzo Lucero’s murder, the men who allegedly killed him showed up at a meeting regarding the murder between Ovidio and officials from the District Attorney’s office. This was followed by threats that Ovidio would be assassinated if he kept seeking justice for his brother, and an unknown vehicle was observed surveilling his home.
These devastating cases of violence against people peacefully resisting extractive companies fit into a larger panorama of violence against Indigenous human rights and land defenders in Guatemala and around the world. In the first five months of 2020 alone, the Guatemalan Human Rights Defenders Protection Unit registered 405 attacks against human rights defenders. Cultural Survival’s COVID-19 map is tracking both cases of COVID-19 in Indigenous communities and Indigenous rights violations linked to the pandemic. The Cantera Los Manantiales project leadership appears to be exploiting the lack of oversight resulting from the pandemic to increase attacks against the community and operate the mine despite a court order to suspend activity, which is consistent with a pattern of violence across Guatemala and globally.
Prensa Comunitaria described Medardo Alonzo Lucero as a “defender of the territory and natural resources, who according to authorities of this community, was part of the organized and peaceful fight for a mining and hydroelectric free territory.” Cultural Survival mourns Medardo Alonzo Lucero’’s unconscionable murder and calls upon Guatemala to take seriously the plague of violence against Indigenous human rights and land defenders and to hold accountable Medardo Alonzo Lucero’s’s murderers and those responsible for intimidating and interfering with the lives and health of his Ch’orti’ community members and their lands and territories. Guatemala must also ensure compliance with the injunction suspending Cantera Los Manantiales’ mining activities and respect for the Ch’orti’ communities’ right to Free, Prior and Informed Consent regarding activities on their lands.

Asesinado en defensa de la vida: El legado de Medardo Alonzo Lucero, defensor Ch’orti’ de los derechos humanos

Por Jess Cherofsky, a base de una investigación realizada en asociación con el Laboratorio de Investigaciones de Derechos Humanos de la RCA en la Universidad de California, Santa Cruz.

Fuente: Cultural Survival

En la frontera sureste de Guatemala con Honduras se encuentra la comunidad Maya Ch’orti’ de La Cumbre, localizada en el municipio de Olopa, departamento de Chiquimula. En este lugar, radicaba el comunero Medardo Alonzo Lucero, quien era defensor de derechos Indígenas y de las tierras y luchaba con los miembros de su comunidad y los de otras comunidades en una resistencia activa contra el proyecto minero Cantera Los Manantiales, para el que no hubo consulta con la comunidad antes del inicio de operaciones. El 15 de junio de 2020, Medardo fue asesinado en las inmediaciones del caserío Los Vásquez en La Cumbre. Fue encontrado al amanecer con signos de tortura y violencia. Según la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala: “La autoridad Indígena de la comunidad informó que la muerte está vinculada con la defensa del territorio y la lucha en contra de la minería”. A pesar de la denuncia de su asesinato por muchas organizaciones de derechos humanos, y pese a intimidaciones constantes y ataques contra miembros de su comunidad, nuestra investigación no ha revelado ninguna investigación policial oficial o gubernamental.

En 2015, el gobierno de Guatemala concedió a la corporación minera InCamin, S.A., una licencia para su proyecto Cantera Los Manantiales para la extracción de antimonio, sin considerar el derecho de las comunidades Indígenas locales al Consentimiento Libre, Previo e Informado, al que los Pueblos Indígenas alrededor del mundo tienen derecho según la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, según el Convenio 169 de la Organización internacional del trabajo (OIT) y otros tratados internacionales. La extracción resultante ha provocado un daño ecológico devastador, incluyendo daño a la salud humana de comunidades Indígenas locales cuyos territorios devora la mina.

El Pueblo Ch’orti’ de La Cumbre vive en una relación ancestral con la tierra, incluyendo el río Jupilingo, el cual consideran un milagro en el árido departamento de Chiquimula. Miembros del Pueblo Ch’orti’ han descrito su tierra como “de donde proviene nuestro origen, donde vivimos todos, donde crecemos, donde comemos, nos sentamos y descansamos… Es de nosotros, sigue siendo de nosotros. Es nuestro patrimonio, desde nuestros ancestros. Nos lo dejaron nuestros abuelos”. Según el artículo de Cultural Survival de 2018 sobre la lucha por los derechos a la tierra del Pueblo Ch’orti’: “Como la mayoría de las comunidades Mayas, los Ch’orti’ han sido víctimas de robo de sus tierras, represión política, pérdida cultural y, recientemente, han sido víctimas de desinformación por parte de los medios de comunicación, arrestos y asesinatos de sus líderes, quienes han dedicado sus vidas a defender sus tierras. Están comprometidos en una lucha amplia para recuperar acceso a la tierra y títulos”.

El antimonio es un metal pesado usado en la producción de pintura, esmalte, fuegos artificiales, celulares y chips de computadoras. Cuando se ingesta, “puede provocar daños irreversibles”; púrpura trombocitopénica – un desorden sanguíneo – y Síndrome de Guillain-Barré  -en el cual el sistema inmune ataca los nervios, estas son algunas de las nuevas enfermedades que aparecen entre la población. Los habitantes de La Cumbre y las comunidades cercanas han actuado firmemente para resistirse a la mina en tanto el río, las plantas, los animales y humanos han enfrentado una arremetida de enfermedades. Los árboles frutales han perdido sus hojas y los árboles jóvenes han muerto; los animales están enfermos y la reproducción ha fracasado. El Pueblo Ch’orti’ está sufriendo de infecciones a la piel, irritaciones oculares, afecciones a los órganos y sistemas inmunes abrumados. Además, en tanto la comunidad ha luchado para sobrevivir en medio de una sequía, el agua de río contaminada exacerba aún más una crisis de seguridad alimentaria. “Nosotros somos campesinos Indígenas. Nosotros sólo vivimos de los frijoles – maíz y frijoles. Y ellos han venido a llevar todo lo que hay dentro de tierra”, dijo Isabel Ramírez, miembro de la comunidad El Carrizal. Guillermo Ramírez, también miembro de la comunidad, dijo: “Tumbaron los palos, y usted sabe que los bosques son los pulmones de nosotros. El día en que los bosques se tumban, nos morimos de sed porque ya no llueve, no hay agua, se secan las fuentes de agua”.

En febrero de 2019, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales informó al Ministerio de Energía y Minas que la empresa “no cumplía con los requisitos mínimos ambientales». En agosto, las autoridades Indígenas de Olopa, apoyados por la Asociación de Abogados y Notarios Mayas Nim Ajpu, apeló a la Corte Suprema de Justicia para “exigir su derecho a una consulta libre, previa e informada”, y en noviembre de 2019, la corte ordenó una suspensión temporal a la mina. Sin embargo, el Consejo Indígena Ch’orti’ de Olopa informó en abril de 2020 que continuaba en operaciones, violando tanto la orden de suspensión de la corte y las medidas guatemaltecas de contención del COVID-19.

Viviendo bajo la sombra de la intimidación

El asesinato de Medardo es sólo uno de los más recientes de muchos ataques y acosos en contra de defensores de la tierra y derechos Indígenas desde que el proyecto minero Cantera Los Manantiales empezó en 2016, y los casos resaltados aquí son sólo unos pocos dentro de los numerosos esfuerzos por intimidar, difamar y acabar con las vidas de los miembros de la comunidad que luchan en nombre de sus ríos, bosques y el Pueblo Ch’orti’.

En 2016, veintidós líderes involucrados en protestas no violentas fueron criminalizados. En marzo de 2019, Odilio Guzmán Salazar, el dueño de la mina, reunió a un grupo de hombres armados para asaltar e intimidar a miembros de la resistencia Ch’orti’s pacíficos que participaban en un bloqueo rotativo 24/7  conocido como “punto de resistencia”.

En julio de 2019, representantes de la empresa dispararon a protestantes pacíficos, y el “presunto dueño de la empresa” manejó un vehículo en medio de la muchedumbre e hirió a la lideresa comunitaria Irma Méndez. El esposo de Irma, Elizandro Pérez, de 36 años, “la más importante autoridad Indígena en su comunidad, murió en circunstancias misteriosas [en noviembre de 2018] que aún no han sido investigadas por el Ministerio Público”. El cuerpo de Elizandro había sido encontrado en su casa y “Si bien los hechos alrededor de su muerte no se han esclarecido aún, cabe resaltar que Elizandro, en los meses anteriores a su fallecimiento, había sido blanco de intimidaciones y amenazas de muerte reiteradas por su participación en la defensa del territorio”.

El líder comunal Francisco Ramírez recibió notas con amenazas de muerte, pero el Ministerio Público no investigó sus quejas. En agosto de 2020, unos ladrones entraron en la casa del defensor Ch’orti’, Ubaldino García Canan y robaron documentos, lo cual sugiere que no fue un robo motivado solo económicamente, sino también político. Este fue solo uno de los muchos casos de intimidación al que Ubaldino ha sido sometido, incluyendo otros asaltos y amenazas.

El hermano de Medardo, Ovidio Alonzo Lucero, ha recibido amenazas de muerte por parte de las personas que presuntamente mataron a su hermano. Ovidio es un líder comunitario y actual vicepresidente del Consejo Indígena de La Cumbre. Según un informe por la Federación Internacional por los Derechos Humanos, el día siguiente al asesinato de Medardo, los hombres que presuntamente lo mataron se presentaron a una reunión entre Ovidio y oficiales del Ministerio Público sobre el asesinato. Esto fue seguido por amenazas según las cuales Ovidio sería asesinado si seguía buscando justicia para su hermano, y un vehículo desconocido fue visto vigilando su casa.

Estos casos devastadores de violencia en contra de personas que resisten pacíficamente a las empresas extractivas encajan dentro de una panorama más grande de violencia en contra de defensores de derechos humanos Indígenas y defensores de la tierra en Guatemala y alrededor del mundo. Sólo en los primeros cinco meses de 2020, la Unidad para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala registró 405 ataques en contra de defensores de derechos humanos. El mapa de COVID-19 de Cultural Survival está siguiendo tanto los casos de COVID-19 en comunidades Indígenas y violaciones de derechos Indígenas en relación con la pandemia. El liderazgo del proyecto Cantera Los Manantiales parece estar explotando la falta de supervisión por la pandemia  para aumentar los ataques en contra de la comunidad y seguir operando pese a una orden judicial para suspender actividades. Esto es consistente con un patrón de violencia en todo Guatemala y globalmente.

Prensa Comunitaria describió a Medardo  como un “defensor del territorio y de los recursos naturales, quien, según las autoridades de esta comunidad, era parte de la lucha organizada y pacífica por un territorio libre de actividad minera e hidroeléctrica”. Cultural Survival lamenta el inadmisible asesinato de Medardo y hace un llamado a que Guatemala tome en serio la plaga de violencia en contra de defensores Indígenas de derechos humanos y de la tierra, y hacer responsables a los asesinos de Medardo y a los autores de intimidaciones e interferencias con la vida y salud de los miembros de la comunidad Ch’orti’ y sus tierras y territorios. Guatemala también debe asegurar que se cumpla la orden que suspende las actividades mineras de Cantera Los Manantiales y se respete el derecho de las comunidades Ch’orti’ al consentimiento libre, previo e informado respecto a actividades en sus tierras.

Esta investigación se realizó en colaboración con el Human Rights Investigations Lab del RCA de la Universidad de California, Santa Cruz. Agradecemos también y expresamos nuestra solidaridad con los miembros de las comunidades de cada individuo, quienes han ayudado a sacar a la luz estos casos y perseverar en la búsqueda de justicia.