Ramón Choc Sacrab era miembro de la gente Q’eqchi’a maya y durante los últimos cuatro años había recibido amenazas de muerte debido a su trabajo en defensa de los derechos humanos de la tierra y el medio ambiente de su pueblo.
Debido a esto, la sección del Ministerio Público responsable del enjuiciamiento de crímenes contra los defensores de los derechos humanos (DDH) había ordenado que se le proporcionara seguridad.
Como salía de una manifestación el 30 de mayo de 2018, en la que había exigido que se investigara adecuadamente la muerte de tres campesinos, dos hombres lo interceptaron cuando regresaba a su oficina en la organización campesina, Comité Campesino del Altiplano, CCDA . Ramón fue atacado con un cuchillo que cortó su yugular. Pasó un día en el hospital general pero no sobrevivió.
El Ministerio del Interior no proporcionó las medidas de seguridad para el líder de la comunidad ordenadas por el Ministerio Público. Según la portavoz del CCDA Lesbia Artola, la Policía Nacional Civil (PNC) en Alta Verapaz no había hecho nada para implementar la orden de protegerlo.
Ramón Chóc Sacrab era miembro de la comunidad de Ixloq San Pedrito y su asesinato fue solo el último ataque contra los DDH en el área. El 13 de mayo de 2018, Mateo Chamán Pauu y José Can Xol del CCDA también fueron asesinados. En los departamentos de Jalapa y Jutiapa, Luis Marroquín, Florencio Pérez Nájera y Alejandro Hernández García, miembros del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, también fueron asesinados.
El pueblo Q’eqchi ‘ rechaza la violencia del estado y de grupos vinculados con hombres de negocios locales contra hombres y mujeres que ejercen el liderazgo en el norte del país, principalmente familias Q’eqchi’ s, Poqomchi ‘ y mestizas que viven y trabajan en el tierra, y cuidan a la Madre Tierra. Las comunidades están bajo la presión de importantes proyectos de minería y monocultivos que están invadiendo su territorio poniendo en peligro a líderes comunitarios, DDH y periodistas comunitarios que denuncian e informan sobre las constantes violaciones de los derechos humanos cometidas por estas empresas.