El 23 de julio de 2020, miembros de la comunidad indígena de Sinchi Roca I, encontraron el cuerpo de Santiago Vega Chota en el bosque de San Alejandro. Le habían disparado una vez en el corazón.
Fue el cuarto miembro de comunidades indígenas asesinadas en 2020 en las zonas de Ucayali y Puerto Inca [Huánuco] que han sido invadidas por narcotraficantes, madereros y mineros ilegales.
Las comunidades de Sinchi Roca y Puerto Nuevo se encuentran entre ocho comunidades en las áreas de Ucayali y Huánuco que se encuentran efectivamente bajo asedio debido a las actividades de bandas criminales.
Entre abril y agosto de 2020 fueron asesinados 4 miembros del pueblo Cacataibo y 2 miembros del pueblo Asháninka.
Los pueblos indígenas han estado tratando durante años de obtener el título de propiedad de sus tierras, pero esto se ha visto obstaculizado por los retrasos burocráticos y la corrupción. Mientras tanto, su forma de vida está cada vez más amenazada por los acaparadores de tierras y los mineros y madereros ilegales.
Cuando integrantes de los pueblos indígenas se concentraron frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Lima, para exigir la firma del Acuerdo de Escazú que destaca la necesidad de proteger a las personas defensoras de los derechos ambientales, el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, manifestó que “el acuerdo de Escazú actualmente está archivado y debería estar ahí porque no corresponde a los intereses del país”.