El sábado 27 de enero de 2018, el defensor de derechos humanos, líder de las comunidades negras y del Paro Cívico de Buenaventura Temístocles Machado fue asesinado a las 5:10PM en el territorio Isla de la Paz de Buenaventura, en Colombia. Temístocles nació en Bagadó (Chocó), aunque muy temprano su familia se desplazó a Buenaventura, huyendo de una masacre. Su padre fue un reconocido líder comunitario del barrio Isla de la Paz. Temístocles tenía 11 hijos con su esposa.
El reporte de la Policía de Buenaventura dice que a Temístocles Machado lo asesinaron en un parqueadero que él administraba, ubicado en la vía altera interna de Buenaventura, la misma a la que él y otros líderes sociales se opusieron en 2006 a su construcción, porque fragmentaría el barrio, como en efecto sucedió. Dos hombres armados le dispararon: dos tiros en el tórax y uno en la cabeza. Huyeron en una moto Eco de Lux negra. Temístocles fue trasladado a la clínica Santa Sofía del Pacífico, donde llegó sin signos vitales.
Temístocles Machado recibió medidas de protección por parte del gobierno en 2006, cuando se inauguró la vía altera interna. Medidas de protección que le quitaron porque después de que la vía siguió funcionando, supuestamente ya no corría peligro. Entre 2005 y 2006 asesinaron a dos de sus compañeros, también líderes sociales: Albeiro Osorio y Wilber Rodríguez.
Temístocles Machado dedicaba sus días al servicio de la comunidad al que pertenecía, buscando lo que en tantos otros lugares se da por sentado : títulos de propiedad, servicios básicos, seguridad, acceso a la justicia, que son simples derechos humanos. Fue uno de los líderes más destacados en la defensa de los derechos colectivos, incluido el derecho a la tierra, en el puerto de la ciudad de Buenaventura, en la costa del Pacífico colombiano, la región más pobre del país. El año pasado, los habitantes de Buenaventura llevaron a cabo una huelga para protestar contra el gobierno porque éste no proporcionó fondos para infraestructura, salud, educación y otros servicios públicos esenciales. Temístocles era vocero del barrio de Isla de la Paz y habitaba en esa comunidad desde los años setenta. Cuando caminaba por el barrio tomaba atajos, sabía quién vivía en cada casa, todos lo saludaban, le hacían preguntas sobre el paro, sobre los servicios públicos que nunca llegaron. Él tomaba nota. Machado era consciente de que la muerte era un riesgo latente. “Por eso es tan importante que mi conocimiento quede en otras generaciones”, decía.En los últimos años ‘Don Temi’ se apartó de la Junta de Acción Comunal de Isla de la Paz para darles voz a los jóvenes y para trabajar de lleno en la mesa de negociación con el gobierno que instaló para resolver las peticiones del Paro Cívico.
El activista social Temístocles Machado supervisando unas obras en la Comuna 6, en Buenaventura, Colombia, semanas antes de ser asesinado. Imagen: Elisabeth Otálvaro, vía ¡PACIFISTA!, Todos los Derechos Reservados.
Investigación : Tras dos meses de investigaciones, capturaron a tres hombres en Cali y Buenaventura. Fueron detenidos los presuntos responsables del asesinato del líder social.
Uno de los amigos de Temístocles declaró: “Yo quiero que la gente sepa que nosotros vamos a volver a Isla de la Paz, que no nos vamos a dejar intimidar por el miedo. El asesinato de ‘Don Temi’ nos lastima, pero la esperanza que nos dejó no la vamos a dejar morir”.
Profile of Temistocles Machado by Javier Ciurlizza,
Director, Andean Region
«Before he was killed last month, the Colombian activist and community leader Temistocles Machado knew his life could be in danger. Machado was one of the most prominent leaders working to defend collective rights, including the right to land, in the city port of Buenaventura in the Colombian Pacific Coast—the country’s poorest region.
Last year, the people of Buenaventura and Quibdo held a strike to protest the government’s failure to provide funding for infrastructure, health, education, and other essential public services. An expert on these broken promises, Machado was among the leaders of the strike and was also known as a resource for information about land titles and public services. His personal records were so vast, so important, that the Historical Memory Center—a state institution that preserves records and documents about Colombia’s armed conflict—chose to digitize and protect it.
But Machado himself was not protected. Instead, his name has been added to a growing list of social leaders murdered in Colombia.
Explanations, interpretations and excuses for this vary. But the hard data is clear: According to the latest report from Front Line Defenders, 105 human rights defenders and social activists were killed in Colombia in 2017, the first year with a peace agreement in place. This number is in stark contrast to the national murder rate, which in 2017 was the lowest since 1975. One out of every three activists killed around the world last year were killed in Colombia.
For Colombians, this brings a deep and unsettling sense of deja vú. People remember and fear the return of even darker times, such as the systematic killing of leftist activists of the Patriotic Union, a political party that was ultimately eliminated by an alliance of drug cartels, paramilitaries, and security forces in the 1980s and 90s. Even closer are memories of the massive killings perpetrated by the Autodefensas Unidas de Colombia beginning in the late 1990s and continuing until its surrender in 2005.
Even former FARC members are exposed to serious violence: By the end of 2017, 34 had been killed, according to the latest report from the UN Verification Mission. In certain areas—like the Pacific Coast region, which has a significant indigenous and Afro-descendant population—violence is still a clear and present problem. And it is more difficult to assign responsibility for recent attacks. The dissidents of FARC still operate actively in the South West, among other places. Peace talks with the National Liberation Army (ELN), another guerilla group, have broken down, creating the possibility of more violence. Criminal gangs and paramilitaries seek to suppress social movements and instill fear in whole communities.
Impunity only makes these problems worse. Though the general attorney’s office has appointed special prosecutors and President Santos has personally pushed for more protection for threatened leaders, very few cases of violence against social leaders reach the judicial stage. A state agency—the National Protection Unit—provides physical protection to more than 6,000 people in the third quarter of 2017. But in rural areas, protection is hard to provide and maintain. And some social leaders reject state protection because they feel it is at odds with their role in the communities they represent and defend.
Even amid such challenges, Colombia has made significant progress. State institutions has become more effective in confronting violent crime, and prosecutors and judges have more meaningful protections than before. Civil society is not only more resilient, but has become more engaged and influential in policy making. Despite complications, the peace agreement with the FARC promises to be a turning point in Colombia’s history, opening a window of opportunity—especially for the territories most affected by the internal war—and offering a promise of protection to social leaders and organizations, many of whom had been violently silenced.
Some local analysts say that the new wave of violence against activists might be a result of the vacuum left by the demobilization of FARC, and the fierce competition for control of drugs, illegal mining, and other criminal activity that followed. Others point to the complicity of local authorities. One thing is clear: Protecting human rights defenders and social leaders remains an uphill battle in Colombia.
Beyond the protection provided by the state, a number of civil society organizations are working to prevent violence, with the support of international groups including Protection International and Front Line Defenders. Their efforts reinforce the importance of staying optimistic about the possibilities created by the peace process, and being active in efforts to advance it. As we do, it is equally important to stay vigilant about the lives of heroes like Temistocles Machado».
1Esta base de datos registra la identidad de género elegida por la persona. Si no se identifica como masculino o femenino, puede utilizar la opción de registrarse como otro/ninguno o utilizar la sigla NBGI (identidad de género no binaria, en inglés).
«Antes de ser asesinado el mes pasado, el activista colombiano y líder de la comunidad Temistocles Machado sabía que su vida podría estar en peligro. Machado fue uno de los líderes más prominentes que trabaja para defender los derechos colectivos, incluido el derecho a la tierra, en el puerto de la ciudad de Buenaventura en la costa del Pacífico colombiano, la región más pobre del país.
El año pasado, los habitantes de Buenaventura y Quibdo realizaron una huelga para protestar por el hecho de que el gobierno no proporcionó fondos para infraestructura, salud, educación y otros servicios públicos esenciales. Experto en estas promesas rotas, Machado se encontraba entre los líderes de la huelga y también era conocido como un recurso de información sobre títulos de propiedad y servicios públicos. Sus registros personales eran tan vastos, tan importantes, que el Centro de Memoria Histórica, una institución estatal que conserva registros y documentos sobre el conflicto armado en Colombia, optó por digitalizarlo y protegerlo.
Pero el propio Machado no estaba protegido. En cambio, su nombre ha sido agregado a una creciente lista de líderes sociales asesinados en Colombia.
Explicaciones, interpretaciones y excusas para esto varían. Pero los datos concretos son claros: según el último informe de Front Line Defenders, 105 defensores de los derechos humanos y activistas sociales fueron asesinados en Colombia en 2017, el primer año con un acuerdo de paz. Este número está en marcado contraste con la tasa nacional de homicidios, que en 2017 fue la más baja desde 1975. Uno de cada tres activistas asesinados en todo el mundo el año pasado murió en Colombia.
Para los colombianos, esto trae una profunda e inquietante sensación de deja vú. La gente recuerda y teme el regreso de tiempos aún más oscuros, como el asesinato sistemático de activistas izquierdistas de la Unión Patriótica, un partido político que finalmente fue eliminado por una alianza de cárteles de la droga, paramilitares y fuerzas de seguridad en los años 80 y 90. Aún más cerca están los recuerdos de los asesinatos masivos perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia que comenzaron a fines de la década de 1990 y continuaron hasta su rendición en 2005.
Incluso los ex miembros de las FARC están expuestos a una violencia grave: a fines de 2017, 34 habían sido asesinados, según el último informe de la Misión de Verificación de la ONU. En ciertas áreas, como la región de la costa del Pacífico, que tiene una importante población indígena y afrodescendiente, la violencia sigue siendo un problema claro y presente. Y es más difícil asignar responsabilidad por los ataques recientes. Los disidentes de las FARC todavía operan activamente en el suroeste, entre otros lugares. Las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro grupo guerrillero, se han derrumbado, creando la posibilidad de más violencia. Las pandillas criminales y los paramilitares buscan suprimir los movimientos sociales e infundir miedo en comunidades enteras.
La impunidad solo empeora estos problemas. Aunque la fiscalía general ha designado fiscales especiales y el presidente Santos ha presionado personalmente para que haya más protección para los líderes amenazados, muy pocos casos de violencia contra líderes sociales llegan a la fase judicial. Una agencia estatal, la Unidad Nacional de Protección, brinda protección física a más de 6.000 personas en el tercer trimestre de 2017. Pero en las áreas rurales, la protección es difícil de proporcionar y mantener. Y algunos líderes sociales rechazan la protección del estado porque sienten que está en desacuerdo con su papel en las comunidades que representan y defienden.
Incluso en medio de tales desafíos, Colombia ha logrado un progreso significativo. Las instituciones estatales se han vuelto más efectivas para enfrentar el crimen violento, y los fiscales y jueces tienen protecciones más significativas que antes. La sociedad civil no solo es más resistente, sino que se ha vuelto más comprometida e influyente en la formulación de políticas. A pesar de las complicaciones, el acuerdo de paz con las FARC promete ser un punto de inflexión en la historia de Colombia, abriendo una ventana de oportunidad -especialmente para los territorios más afectados por la guerra interna- y ofreciendo una promesa de protección a líderes y organizaciones sociales, muchos de quien había sido silenciado violentamente.
Algunos analistas locales dicen que la nueva ola de violencia contra los activistas podría ser el resultado del vacío dejado por la desmovilización de las FARC y la feroz competencia por el control de las drogas, la minería ilegal y otras actividades delictivas posteriores. Otros señalan la complicidad de las autoridades locales. Una cosa está clara: proteger a los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales sigue siendo una batalla cuesta arriba en Colombia.
Más allá de la protección proporcionada por el estado, varias organizaciones de la sociedad civil están trabajando para prevenir la violencia, con el apoyo de grupos internacionales como Protection International y Front Line Defenders. Sus esfuerzos refuerzan la importancia de mantenerse optimistas sobre las posibilidades creadas por el proceso de paz y de ser activos en los esfuerzos para avanzar. Al igual que nosotros, es igualmente importante estar atentos a la vida de héroes como Temístocles Machado «.
1Esta base de datos registra la identidad de género elegida por la persona. Si no se identifica como masculino o femenino, puede utilizar la opción de registrarse como otro/ninguno o utilizar la sigla NBGI (identidad de género no binaria, en inglés).
