Entre enero y marzo del 2021 el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos -SIADDHH- del socio del proyecto HRD Memorial, El Programa Somos Defensores, confirmó 180 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Es decir, en promedio se cometieron dos agresiones diarias a través de distintos tipos de violencia: asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, judicializaciones, desapariciones forzadas y robos de información.

La amenaza es la agresión que reportó el mayor número de hechos (125), con un 9% más que en el mismo período de 2020. Por su parte, los atentados (16 hechos) presentaron un incremento del 14% (2 hechos más). También se confirmaron: asesinatos (28 hechos), desapariciones forzadas (5 hechos), detenciones arbitrarias (3 hechos), robos de información (2 hechos) y judicializaciones (1 hecho).

Cada 3 días fue asesinada una persona defensora en el país. El liderazgo que registra el mayor número de asesinatos es el indígena, seguido del campesino y el comunitario.

De acuerdo con un nuevo informe de CODECA 14 miembros de la organización han sido asesinados desde enero de 2018, en el contexto de una campaña de amenazas y ataques directos.

La represión es un mecanismo para frenar las luchas de los pueblos que defienden sus derechos frente a los intereses voraces de sectores de poder económico. En Guatemala CODECA es el movimiento social más perseguido y criminalizado en los últimos años.

En menos de dos años (de Enero 2018 a Septiembre 2019) 14 personas defensoras de DDHH integrantes de CODECA han sido asesinadas. En este mismo lapso de tiempo un total de 5748 personas defensoras han recibido diferentes tipos de agresiones. Los casos más frecuentes son criminalización,

amenazas colectivas a comunidades, amenazas directas a la integridad de defensores o sus familias y encarcelamientos. No se cuantifica en este documento las víctimas de las campañas de difamación y estigmatización, estos afectan masivamente a todas las familias organizadas en CODECA.

Todos los casos de represión contra CODECA siguen en la impunidad. Casi siempre, el sistema de justicia en Guatemala es utilizado por los sectores de poder para perseguir y criminalizar a defensores/as y organizaciones que defienden

DDHH. La respuesta estatal a la represión, siempre ha sido nula. El mismo gobierno central de Guatemala es uno de los actores que ha estigmatizado a las organizaciones y a las personas defensoras de DDHH. No hay voluntad política por

parte del gobierno de atender esta problemática.

Como mecanismo de defensa por parte de CODECA ante la represión, se han implementado diferentes estrategias, una de ellas es que se a seguido muy bien la consigna que dice “Ante mayor represión, mayor organización”. Se ha implementado una estrategia de comunicación mediante una red nacional

de comunicadores comunitarios que trabajan redes sociales y una Radio, Radio Victoria la Voz de los Pueblos. A nivel nacional también se ha articulado una red de defensores/as comunitarios para generar mecanismos de apoyo mutuo y respuestas ante la represión.

A pesar de la adversidad, CODECA ha logrado crecer a nivel nacional. Ha fortalecido su lucha por la defensa de los DDHH, la Madre Tierra y el Territorio. Ha avanzado cada vez más en el posicionamiento público de la propuesta de construcción del Estado Plurinacional y el Buen Vivir de los pueblos, mediante

un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional (ACPP). Una apuesta es lograr que los pueblos y sectores históricamente excluidos sean sujetos/as de derechos, y la Madre Tierra sea concebida y protegida como fuente de vida y no como recurso para ser explotado.

Un informe de la Comisión Colombiana de Juristas, la Universidad Nacional y varias organizaciones sociales ilustra cómo el asesinato de líderes sociales en Colombia es el resultado de «una violencia metódica y no aleatoria», desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016.

Con respecto a los crímenes que configuran violaciones al derecho a la vida e integridad contra defensoras y defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales, los hallazgos de este informe definen patrones concretos en lo referente a las violaciones a los derechos a la vida e integridad en cuanto a: su localización dentro de un determinado ámbito geográfico, las personas contra las que se perpetran las violaciones, el modo en el que estas violaciones se llevan a cabo, su frecuencia y sus posibles perpetradores.

Para elaborar la construcción de patrones se tomará como base el concepto de “Moda estadística”, entendida como el factor o condición que más se repite en una muestra o estudio.

Naturaleza de los crímenes: Este fenómeno de violencia evidencia una naturaleza repetitiva, invariable y continua; es una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria. Es un ejercicio de violencia no accidental ni fortuito ejercido de manera ilegal contra una población civil concreta. Las víctimas presentan unas características comunes determinadas por sus cualidades y sus luchas.

Se tomará como base el concepto de “Moda estadística”, entendida como el factor o condición que más se repite en una muestra o estudio. Naturaleza de los crímenes: Este fenómeno de violencia evidencia una naturaleza repetitiva, invariable y continua; es una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria. Es un ejercicio de violencia no accidental ni fortuito ejercido de manera ilegal contra una población civil concreta. Las víctimas presentan unas características comunes determinadas por sus cualidades y sus luchas.

Características de las víctimas: El perfil de los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados se elabora por su condición más activa o evidente, que puede estar vinculada con los móviles de su asesinato. Las víctimas, en su mayoría, son personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica ubicadas en una posición de desventaja en las relaciones asimétricas de poder

regionales, pertenecientes a grupos étnicos históricamente discriminados, de extracción campesina y algunas de ellas eran o son (los sobrevivientes) víctimas del desplazamiento forzado o de otras acciones propias del conflicto armado. Las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas, en su mayoría son dignatarios y dignatarias de JAC, líderes(as) Indígenas, líderes(as) de organizaciones campesinas, de Consejos Comunitarios, de procesos de restitución de tierras, de organizaciones de víctimas, líderes(as) Ambientales y líderes(as) de población LGBTI.

En 2017 y 2018 se evidencia un incremento en violaciones al derecho a la vida y la integridad de líderes(as) de procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, directivos sindicales y de miembros de los partidos políticos FARC y Colombia Humana. Algunas de las víctimas no hacían parte de una organización y otras sí. La frecuencia de violaciones al derecho a la vida contra miembros de las organizaciones mencionadas en el informe apunta a demostrar que existen patrones de violencia contra estas organizaciones. El que miembros de estas organizaciones hayan sido víctimas de agresiones de manera reiterada también puede indicar la posible existencia de niveles de planeación de estos crímenes.

Luchas de las víctimas: En general, las víctimas de violaciones al derecho a la vida llevaban a cabo ejercicios de poder contra-hegemónico en el ámbito local 218 que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de grupos económicos, empresas o personas que son consideradas por el Estado y la sociedad como inscritos en la legalidad. Las víctimas eran un obstáculo para determinados actores que detentan el poder económico, político o armado en las regiones afectadas. Las acciones y luchas más evidenciadas de las víctimas registradas se centran en: defensa de los derechos a la tierra y el territorio, veeduría y denuncia de crímenes de actores hegemónicos, denuncias de despojo de tierras, de actos de corrupción de funcionarios estatales, de presencia de actores armados, de reclutamiento forzado y de microtráfico. Otras víctimas hacían oposición a megaproyectos económicos, de explotación o de industrias extractivas que afectan negativamente a la comunidad (de petroleras, minería legal e ilegal, construcción de represas), hacían defensa de derechos sexuales y reproductivos o trabajaban en proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito y otros referentes a la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC.

Six human rights defenders, Maritza Quiroz Leiva, Wilson Pérez Ascanio, José Rafael Solano, Wilmer Antonio Miranda, Jesús Adier Perafán, and Gilberto Valencia were killed in violent attacks in Colombia during the first week of 2019.

Maritza Quiroz Leiva was a woman human rights defender, deputy of the Victims Committee of Santa Marta (Mesa de Víctimas of Santa Marta) and the leader of a group of Afro-Colombian women who have been victims of enforced displacement in rural areas. She advocated for the rights of all victims of the Colombian conflict, especially regarding situations of enforced displacement, which she suffered herself, and of the Afro-community that she was a part of.

At 3am on 7 January 2019, Maritza Quiroz Leiva was killed by unidentified armed men who broke into her rural property in San Isidro, in Sierra Nevada, Santa Marta. Before the armed men entered her house, Maritza Quiroz Leiva asked her son Luis Camilo Bermúdez Quiroz to hide under the bed, from were he heard the shots. He ran to a police station as soon as the killers left.

Wilson Pérez Ascanio was a human rights defender, social leader, and member of the Movement for the Popular Constituent (Movimiento por la Constituyente Popular, MCP). On 5 January 2019, he was shot by unidentified armed men on a motorcycle in Hacarí, Norte de Santander. He was transferred to a nearby hospital in La Playa de Belén, but died in the early hours of 6 January 2019.

José Rafael Solano was a human rights defender, president of the Community Action Board (Junta de Acción Comunal) and social leader. At 5pm on 4 January 2019, unidentified armed men shot him dead in front of his house, between the municipalities of Zaragoza and Caucasia, in Bajo Cauca, Antioquia. His family witnessed the crime.

Wilmer Antonio Miranda was a human rights defender and member of the Cajibio Peasant Workers Association (Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibio), of the National Asociation of Peasant Reserves (Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina), the National Coordination of Coca, Amapola and Marijuana Cultivators (Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana), and the Social and Political Coordination Patriotic March in the Cauca region. At 6pm on 4 January 2019, he was shot by four unidentified men, dressed as civilians, and died immediately.

Jesús Adier Perafán was a social leader and citizen inspector of the Caicedonia municipality, as well as the founder of the Courage Caicedonia (Coraje Caicedonia) political organisation and president of the Community Action Board (Junta de Acción Comunal) of the Valle del Cauca neighbourhood. On 1 January 2019, he was shot at repeatedly while he was at the grocery store by unidentified armed men, who subsequently escaped on motorcycles. Jesús Adier Perafán was taken to the Santander de Caicedonia Hospital, where he died of his gunshot wounds. The investigations are facing difficulties due to the lack of witnesses to the attack.

Gilberto Valencia was a human rights defender, social leader, peace-builder and cultural manager of the Suárez municipality in Cauca, who worked to disseminate the terms of the Colombian Peace Agreement through music. He was also the leader of the “Los Herderos” group, and won an award in 2015 for his social enterpreneurship. He was shot dead during a New Year’s Eve celebration with his family and friends in the municipality of Suárez, Cauca. A lone gunman, believed to have been known to Gilberto Valencia in the context of his social work, is understood to have carried out the attack with an altered firearm.

Colombia has seen an increase in violence against human rights defenders since the signing of the Peace Agreement with the FARC-EP. Two years on, the State has failed to implement most of its obligations, including establishing an integrated presence in rural regions. This has has led to a number of illegal armed groups fighting for control of the areas previously occupied by FARC-EP, which puts human rights defenders at an increased risk.

Front Line Defenders is deeply concerned about the wave of killings of human rights defenders in Colombia, which witnessed more killings of defenders than any other country worldwide in 2018. The epidemic has already reached extremely worrying heights during the first week of 2019. Front Line Defenders is noticing a pattern of killings against defenders in the country, which often feature armed attacks by unidentified armed men.

God of Small Things

Arundhati Roy’s 1996 novel drew international attention to the plight of India’s Dalit community, Formerly known as “untouchables,” Dalits suffer endemic discrimination and are systematically denied access to public spaces and resources. Over a decade after the book’s publication this situation has worsened, as has that of Dalit human rights defenders (HRDs.)

Meenakshi Ganguly, South Asia director at Human Rights Watch, has said that “Indian authorities have proven themselves unwilling to protect minority religious communities and other vulnerable groups from frequent attack.” According to the National Crimes Records Bureau, crimes against Dalits occurred every 15 minutes on average in 2016, an increase over 2015 figures. Tallies by NGOs and news organisations suggest that the upward trend has intensified throughout 2017 and 2018. Dalit women are particularly vulnerable to abuses. Conviction rates for crimes against Dalits are extremely low in certain regions; the state of Maharashtra, for example, stands at less than 5%. Photojournalist Sudharak Olwe’s ongoing case study of crimes against Dalits in this state found that in most incidents, “the victim was involved in either emancipatory work for his community or struggling to make his life better.”

The spike in abuses may in fact be a response to Dalits’ increasing assertion of their rights, according to Dalit HRD Asif Shaikh. In March of this year, a Supreme Court judgement claimed that a law which offers significant legal recourse for Dalits was used “as an instrument to blackmail or to wreak personal vengeance”. Nationwide protests, referred to by Al Jazeera as a Dalit Spring, followed. Though they began peacefully, demonstrations were met with violence; 11 people were killed.

In May, Sachin Walia was shot dead. His brother Kamal is a leader in the Bhim Army, an organization that works for Dalit emancipation through education. A month after Sachin’s killing, five Dalit HRDs were arrested and may face life in prison for allegedly inciting caste violence. Urgent action appeals have been issued for dozens of other violations of Dalit HRDs’ rights.

Violence against Dalits is often framed as nothing new, which may actually be fuelling the increase in abuses. It is more important than ever to support the empowerment of this community, remembering Dalit leader BR Ambedker’s words: “ rights are protected not by law but by social and moral conscience of the society. If social conscience is such that it is prepared to recognise the rights which law proposes to enact, rights will be safe and secure.”

Sources

https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/india/report-india/

https://www.hrw.org/news/2018/06/24/india-dalit-rights-activists-detained

https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/india

http://www.ncdhr.org.in/latestinterventions/Report%20UN%20SR%20HRD.doc

http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/CII2016/pdfs/NEWPDFs/Crime%20in%20India%20-%202016%20Complete%20PDF%20291117.pdf

https://www.theweek.in/news/india/2018/04/07/bhim-army-bharat-bandh-dalit-mass-arrest-april-18.html

https://thewire.in/politics/bhim-army-leaders-brother-shot-and-killed-in-saharanpur-tension-prevails

https://www.ucanews.com/news/life-worsens-for-indias-dalits-as-vigilantism-resurfaces/82568

Source Telesur

Since the beginning of 2018, 100 social leaders have been killed in the Latin American country, as was reported by the Institute of Study on Peace and Development (Indepaz), in June.

Various human rights and social organizations have demanded that the Colombian Government implement effective measures to prevent the wide-scale killing of social leaders.

Social and political leaders were supposed to be protected by the peace agreement signed in Havana, in 2016.

Source: El Espectador

Un indígena reclamante de tierras, un líder de víctimas y una lideresa de sustitución de cultivos ilícitos fueron las tres víctimas que dejó la semana de pascua en Cauca y Meta. Según el programa Somos Defensores, en los últimos tres meses 45 líderes fueron asesinados.

La semana de pascua terminó con un saldo en rojo para la implementación del acuerdo de paz: tres líderes sociales fueron asesinados, dos en Cauca y uno en el Meta, quienes fueron ultimados a tiros y en presencia de sus familiares. Así lo reportaron las organizaciones sociales del país, cuya alerta estuvo acompañada de una cifra escalofriante: 45 líderes sociales fueron asesinados en los primeros tres meses de 2018. Es decir, 26 más que en el mismo periodo de 2017 y 31 más que en 2016.

El primer homicidio se registró el viernes 30 de marzo a las 6:40 p.m., en la vía que comunica de Corinto hacia la vereda El Guanábano (norte del Cauca). Según lo informó el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Héctor Janer Latín fue encontrado abaleado y sin signos vitales en un paraje de la vereda Gualanday, en donde también encontraron sus documentos y su celular, pero no su motocicleta.

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Las autoridades tradicionales aún no se atreven a mencionar responsables, sin embargo, dejaron constancia de que el hecho sucedió en el mismo lugar en donde minutos antes había estado el Ejército haciendo un retén. “El asesinato de Héctor Janer se da en el contexto de un descomunal escalamiento de la guerra en el norte del Cauca. Por un lado, grupos que se hacen llamar guerrilleros desafían la autonomía comunitaria sembrando terror y, por otro, grupos neoparamilitares operan, muchas veces, ante la vista gorda del Ejército y la Policía. Los mismos que han disparado contra civiles indefensos en acciones similares a las que en otros tiempos realizaban los grupos paramilitares”, sentenció el Cric a través de un comunicado que circuló en todos los resguardos indígenas del norte del Cauca.

El otro homicidio se registró en la noche del viernes santo, durante la procesión tradicional en la que participaban los pobladores de Rosas (sur del Cauca). Según lo reportó la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, el líder de víctimas Belisario Benavidez fue abaleado en dos oportunidades por un joven que caminaba por el centro del pueblo, quien aprovechó el momento en que la víctima estaba subiendo a un sobrino a su motocicleta, para disparar. Tras caer el cuerpo del líder, el joven minutos después regresó para rematarlo.

De acuerdo con la organización de derechos humanos, Benavidez había llegado hace apenas dos años al municipio de Rosas. Era integrante de la mesa de víctimas de esa localidad y se desconoce si tenía amenazas por el ejercicio de su liderazgo comunitario. Los testigos de los hechos señalaron que la Policía capturó a un presunto responsable, pero que luego lo dejó en libertad al no hallarle elementos probatorios para incriminarlo en el hecho. El arma con la que fue asesinado Benevidez fue encontrada en un pastizal en el centro de Rosas.

Y del último crimen se informó el pasado primero de abril. Lo reportó la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente y Centro de Colombia (DHOC), a través de una detallada descripción de la labor que desempeñaba la dirigente campesina María Magdalena Cruz Rojas. Fue asesinada a las 9:00 p.m. del 30 de marzo frente a su esposo y su hijo en la vereda Unibrisas en zona rural de Mapiripán (Meta).

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Teniendo en cuenta el informe de la organización social, Cruz Rojas era una de las líderes más importantes de Mapiripán en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el cual surgió tras el acuerdo de paz con las Farc con el fin de que los campesinos erradicaran voluntariamente los cultivos de coca y marihuana a cambio de recibir inversión en el campo.

Sobre este último tema, los delegados de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) se pronunciaron esta semana. Pusieron sobre la mesa la posibilidad de retirarse del programa por incumplimientos del Estado y el asesinato de los líderes que promueven la sustitución voluntaria en los territorios.

De acuerdo con el comunicado que emitió la Coccam, a la fecha han sido asesinados 31 integrantes de esta organización, que surgió tras el acuerdo de paz con las Farc para organizar a los campesinos del país que por años han trabajado con los cultivos de uso ilícito ante la ausencia del Estado.

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